Entre lágrimas y sollozos, con los pies a rastras y agarrado con fuerza a los brazos de su madre y de la psicóloga. Así ha entrado a las 10.45 de este viernes a la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria Pablo (nombre ficticio), un niño de 12 años. Cuatro horas más tarde salía por esa misma puerta Elián, la madre, ya sin el menor y con el rostro desencajado, rota de dolor. “Me lo quitaron, se lo llevan”, anunciaba. “Eso no es justicia”, clamaba la abuela, Carmen Adela, en un arrebato de indignación.
Quien se lo lleva es el padre del niño, Jorge A.B., un ciudadano de origen colombiano y nacionalidad estadounidense residente en Miami. Lo hace gracias a una orden judicial y en contra de la voluntad del menor. “Antes que irme con él, me mato”. Elián no paraba de repetir la frase que había pronunciado su hijo en la sala de vistas. La misma que le dijo al inicio de una sesión a la psicóloga Elena Fernández, autora del informe de parte que ha presentado la abogada de la madre para tratar de evitar la entrega del menor al padre.
Ni ese informe, excluido del procedimiento judicial por extemporáneo, ni la mediación, ni las peticiones para que el menor fuera evaluado por el gabinete psicosocial de los juzgados o para que se suspendiera la ejecución de la sentencia hasta que el Tribunal Constitucional resolviera el recurso de amparo presentado por la representación de la madre. Nada ha evitado la restitución del menor a EEUU. Pablo volará a Miami junto a su padre en los próximos días.
Dos agentes de la Policía Nacional han escoltado a Elián hasta el Puerto de La Luz y de Las Palmas para embarcarla en el ferry de las 20.30 horas y llevarla a Puerto del Rosario (Fuerteventura), su lugar de residencia. Allí la esperan otros dos agentes para trasladarla hacia su casa y coger el pasaporte de su hijo, que debe entregar en los juzgados para permitir la marcha de Pablo.
Tan solo dos días antes, la abogada de Elián, Vanesa Piedravuena, había recibido la notificación de los juzgados que señalaba para este viernes la entrega del menor al padre en ejecución de una sentencia que estimó la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado tras la reclamación de Jorge A.B., que acusaba a la madre de sustracción internacional de menores.
“El juez dice que esa (Miami) era la vivienda habitual del niño antes de venir aquí, que tiene que regresar allí y que ya comience yo los trámites legales para traerme al niño a España. ¿Y mientras tanto, qué? ¿Tiene que seguir sufriendo un maltrato? Como dice mi propio hijo, ¿por qué una persona que no lo conoce tiene que tomar decisiones sobre su vida?”, se preguntaba Elián a la salida de los juzgados, tras una mañana llena de tensión.
La madre de Pablo asegura que el padre del menor lo maltrataba mientras vivió con él, entre marzo de 2012 y julio de 2016. “Le pegaba con una vará de bambú, le castigaba con hasta dos días sin comer... El niño lo que vivía era una tortura. Nosotros no estamos pidiendo nada extraordinario, sólo que no le hagan daño”.
Elena Rodríguez, la psicóloga que evaluó a Pablo, ha sido tajante este viernes al hablar del informe que redactó. “La conclusión, que me hubiera encantado ratificar ante un tribunal, pero no se me ha dado la oportunidad, es que existe un riesgo grave para la salud mental del menor”, ha manifestado, “pero nunca ha sido evaluado por los forenses judiciales, desconozco por qué”. Rodríguez ha asegurado que el relato del menor es coherente. El informe que elaboró incluye 35 dibujos realizados por el niño que, según la psicóloga, plasmaban “abusos piscológicos, físicos, pánico, indefensión y el agravio comparativo que percibía con sus dos hermanastras (fruto de otra relación de su padre)”.
Ni la Abogacía del Estado, ni la Fiscalía, ni los jueces que han intervenido en el procedimiento han dado credibilidad a esas acusaciones de malos tratos. No sólo no las consideran probadas, sino que además han deslizado que el relato del niño está influenciado por la madre. “Nunca lo denuncié. Cuando llegó aquí estaba muy atemorizado. Nunca puse una denuncia, ese fue mi gran error”, ha reconocido Elián sobre esos presuntos malos tratos que, según su versión, le fue contando a cuentagotas tras su regreso a España. La madre asegura que el padre cortó los canales de comunicación que mantenía con su hijo y que, por ello, no se percató de lo que estaba sucediendo en EEUU.
Miami - España - Miami
Pablo nació en Miami en 2005. Ese mismo año, sus padres firmaron un acuerdo ante notario en Florida, apostillado según las normas de la Convención de La Haya, que otorgaba a la madre “el poder residencial primario” y “la posesión física del menor”. Cuando cumplió 11 meses y tras un breve periodo en Venezuela (la tierra de la familia de Elián), la madre se lo llevó a España. Hasta 2012 vivió entre Madrid y Las Palmas de Gran Canaria. En enero de ese año, Elián fue secuestrada y violada por un hombre que acabaría siendo condenado a nueve años de cárcel. Para evitarle el sufrimiento durante todo ese periodo, el menor fue enviado a Miami junto a su padre para que pasara un mes de vacaciones. Sin embargo, la estancia se prolongó durante cuatro años y tres meses.
En septiembre de 2012, meses antes de que se dictara la sentencia que condenó al hombre que secuestró y violó a Elian, los padres de Pablo firmaron un acuerdo privado por el que se fijaba la custodia residencial del menor junto al progenitor en Miami. Los jueces han dado plena validez legal a ese documento, que ha resultado clave para la resolución del conflicto, a pesar de que mantiene la vigencia del suscrito en 2005. La abogada de Elián ha cuestionado durante todo el procedimiento el valor y la fuerza vinculante de ese pacto. La madre declaró en la vista que no se lo leyó porque pensó que era una prórroga de la autorización para las vacaciones de su hijo en Miami.
Finalmente, el padre permitió a Pablo viajar a España en verano del año pasado. La autorización era de un mes, pero el menor no volvió (no quiso, según la familia materna), lo que dio origen a la demanda que se ha resuelto este viernes con la entrega.
Entrega o desobediencia
Vanesa Piernavuena, abogada de Elián, ha tildado de “lamentable” la situación y ha remarcado que la madre se enfrentaba a un duro dilema, puesto que si no entregaba a su hijo le abrirían un procedimiento penal por desobediencia. La letrada ha recordado que ninguno de los progenitores tiene la guardia y custodia del menor y ha reconocido que el caso se complica ahora porque Elián deberá litigar en EEUU, país en el que le han negado hasta en dos ocasiones el visado.
La abogada ha insistido en que durante el proceso se han vulnerado derechos de su representada, entre ellos el de defensa; que se ha rechazado el informe psicológico presentado como prueba o las reiteradas peticiones para que el niño fuera evaluado por un profesional, y que no se ha esperado a que el Constitucional se pronuncie sobre el recurso de amparo presentado, el último cartucho para evitar la salida del menor.
Además ha lamentado algunos de los episodios que se han producido a lo largo de la mañana en la planta cuarta de la torre dos de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Entre ellos, menciona el trato dispensado por la jueza de refuerzo encargada del requerimiento para la entrega del pasaporte, o la negativa inicial del magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia 5 para que Elián pudiera despedirse de su hijo bajo el argumento de “no desestabilizarlo”, posición que finalmente rectificó.
A pesar de la larga espera, los periodistas allí congregados no han podido tener acceso en ningún momento al padre del menor, ni a la entrada, ni a la salida, ni dentro de los juzgados.