Los empresarios afectados por el cierre del centro comercial del Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria pedirán al Ayuntamiento daños y perjuicios por esta medida, que creen “precipitada” y “desmedida”, según han anunciado con el respaldado de la patronal turística.
El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, Fernando Fraile, ha expresado este martes la solidaridad de su organización con los afectados por la clausura del centro Sotavento, que considera “absolutamente desacertada”.
“En un procedimiento normal, esto tendría que haberse hecho con el centro comercial abierto”, sin clausurarlo para ordenar que se revisaran supuestos fallos de seguridad en las instalaciones del centro comercial Sotavento antes de que sus responsables tuvieran oportunidad de presentar alegaciones al planteamiento del Ayuntamiento, ha argumentado Fraile.
El presidente de la FEHT ha expuesto que la patronal no descarta que la corporación “haya podido incurrir, presuntamente, en graves defectos de forma, contraviniendo el procedimiento establecido en la Ley de Actividades Clasificadas”.
Ejemplos de ello son hechos como que los responsables municipales que promovieron el cierre “en ningún caso dieron el informe” que apuntaba a la supuesta existencia de defectos de seguridad en el centro a sus representantes, cuando les anunciaron su existencia, o que, cuando se tuvo acceso por fin al documento, no se atendieron sus reclamaciones porque era fin de semana.
Así lo ha sostenido uno de los empresarios perjudicados por la medida, Antonio Márquez, portavoz del Sotavento Club, que ha asegurado, además, que los fallos de seguridad denunciados no eran tales.
Puesto que situaciones como la de que una salida de las instalaciones estuviera obstaculizada por una maceta fueron circunstanciales, ya que el informe se elaboró en horas en que el centro estaba cerrado al público y solo había en él personal de mantenimiento y limpieza que debió moverla momentáneamente y luego la devolvió a su lugar, ha relatado.
Márquez ha añadido que, por ello, se ha actuado contra supuestos problemas que “se podían haber resuelto en un momento”, o, incluso, “con que solo hubieran venido los técnicos que elaboraron el informe cuando el centro estaba abierto al público”.
“Daños incalculables”
Por todo lo expuesto, ha exigido dar marcha atrás al Ayuntamiento con el cierre, que ha afirmado que está causando “daños incalculables” a los empresarios afectados, tanto en materia de pérdidas económicas, que ha dicho no poder cuantificar pero ha anunciado que pueden llevar a suspender los contratos de unos cien trabajadores, como en lo que se refiere a la imagen de sus negocios.
Porque “va a costar mucho volver a recuperar la confianza” de los clientes que durante años han acudido al Sotavento y que ahora han visto que se ha puesto en cuestión su seguridad.
Márquez ha criticado, además, que la actuación municipal se haya desarrollado, a su juicio, dando crédito a la denuncia de un particular que estaba motivada por el hecho de que es un empresario con negocios del sector del ocio que compiten con los del centro clausurado, José Castellano, propietario de discotecas y otros locales similares.
Esta crítica ha sido respaldada por Fernando Fraile, que ha relatado que, de hecho, Castellano instó inicialmente a la FEHT a respaldarle en su denuncia contra el Sotavento y que, al rechazarlo esa patronal por entender que no había razones que la justificaran, decidió seguir adelante con ella por su cuenta.
Y, preguntado sobre por qué cree que el Ayuntamiento ha dado crédito al denunciante y no a los afectados, que se pusieron en contacto con la corporación para tratar de aclarar el asunto y paralizar el cierre en cuanto tuvieron noticia de lo que ocurría, ha contestado que esa es una cuestión a la que deberán dar respuesta los gobernantes municipales.