El que fuera jefe superior de Policía de Canarias y luego de Catalunya, Narciso Ortega Oliva, presentó este martes una denuncia contra la exministra de Defensa y exsecretaria general del Partido Popular (PP) María Dolores de Cospedal, el exministro de Interior, Jorge Fernández-Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el comisario José Manuel Villarejo. A todos ellos les acusa de organización criminal, prevaricación, malversación de fondos públicos y revelación de secretos, en relación a una supuesta confabulación para “obtener información y/o confeccionar pruebas falsas que sirvieran para intimidar, perjudicar y/o desprestigiar a personas que, de una u otra manera, se consideraban cercanas al movimiento independentista catalán”.
Así, esta persecución motivada por razones políticas habría de repercutir directamente en la figura de Narciso Ortega, dada su cercana relación con Felip Puig (exconsejero de Convergencia Democrática de Catalunya), en forma de seguimientos policiales, informaciones falsas y, finalmente, su cese en el cargo por parte del por aquel entonces ministro del Interior Jorge Fernández-Díaz y posterior traslado a la jefatura provincial de Teruel. Según indica la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, dicho cese se produjo “por motivos puramente ideológicos y en el marco de la campaña de acoso y derribo a todo aquel que estuviera relacionado con el movimiento independentista”. Pese a ello, Narciso Ortega logró en el mismo año su readmisión en Barcelona, “en una plaza de su misma categoría, pero de un rango muy inferior a la que le correspondía como ex alto cargo”.
Los supuestos hechos delictivos han salido a la luz tras la publicación de diversas informaciones por parte de medios de comunicación, entre ellas los audios del comisario Villarejo en los que, por ejemplo, se puede escuchar una conversación entre este y la por aquel entonces secretaria general del Partido Popular. En ella, la futura ministra es alertada de que el independentismo “está pagando al antiguo jefe superior”, una cuestión sobre la que Cospedal considera que es “fundamental” trabajar. Del mismo modo, en otras grabaciones aparece la presidenta del partido en Cataluña de esos años, Sánchez-Camacho, reconociendo que “Narciso tiene un montón de connivencias y eso es un problema añadido”, motivo por el cual, se asegura en la denuncia, fue incluido en una “lista negra”.
Por otro lado, el documento presentado en la Fiscalía de Barcelona añade que en estos “encuentros conspiradores”, de haberse producido, podrían a su vez haber sido financiados con recursos públicos, “ya no solo por el hecho de que los funcionarios públicos dedicasen su jornada a prestar servicios a partidos políticos, sino también por los fondos gastados en viajes, dietas, etc.”. Con ello, también se hace referencia a los seguimientos policiales a los que Narciso Ortega fue sometido de forma “absolutamente ilegal”, pues no había “conocimiento o la más mínima sospecha de que por su parte se hubiera realizado hecho delictivo alguno que pudiera, en su caso, justificar el inicio de una investigación policial”.
Cabe recordar que el denunciante fue jefe superior del Cuerpo de la Policía Nacional de Canarias entre los años 2005 y 2008. Durante ese tiempo ya tuvo algunas refriegas con altos cargos del Partido Popular al protagonizar sonadas operaciones contra la corrupción política y empresarial en las Islas, de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, como en el caso Grupo Europa o el caso Faycan. Por su parte, los populares siempre señalaron al exjefe superior como un miembro afín a las filas socialistas y, en especial, al exministro Alfredo Pérez Rubalcaba, a lo que se añade la supuesta cercanía con algunos destacados miembros del movimiento independentista.
Ahora, con esta nueva denuncia, Narciso Ortega inicia los procedimientos para enjuiciar a los responsables de su destitución en el año 2012, con cargos que, de confirmarse, podrían conllevar no solo la inhabilitación política sino también varios años de cárcel, añadiendo además que no cabe “descartar la concurrencia de ulteriores infracciones penales” o la ampliación de “otras personas físicas o jurídicas que no estén incluidas” en la denuncia presentada.