Por quinta vez en siete años el Juzgado Mercantil Nº2 de Las Palmas de Gran Canaria reactiva un procedimiento de desahucio en un edificio de Valle de los Nueve (Telde) donde residen once familias con 19 menores, entre los que se encuentran bebés, a cargo.
Las familias no tienen, y nunca han tenido, una alternativa de realojamiento, y los abogados del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria acreditan ante el juez, una vez más, la situación de vulnerabilidad que atraviesan estas familias, como si de una carrera de obstáculos se tratara, donde los pobres tienen que demostrarle permanentemente al Estado, que son muy pobres.
La historia se remonta al año 2018, cuando doce familias procedentes de diferentes zonas de Gran Canaria encontraron en un pequeño barrio de las medianías de Telde, un techo bajo el que cobijar a sus familias, arrastrando una serie de miserias, todas ellas encadenadas unas a otras, como solo saben engatusarse unas a las otras las miserias: violencia de género, riesgo de exclusión social, dificultad para acceder a un empleo, pérdida del hogar por desahucios anteriores, incapacidad reconocida y enfermedades.
Cuando llevaban ya un año habitando en el edificio, la vida volvió a golpear cuando cuando la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) anunció a estos vecinos y vecinas su pretensión de desahuciarles, tras haber comprado el edificio a un promotora en quiebra. Fue entonces cuando el propietario del edificio, que había sido embargado, ofreció las llaves del inmueble a esas personas con la condición de que lo cuidaran y lo convirtieran en el lugar donde formar su hogar. “Nosotras no llegamos aquí dando una patada para entrar”, cuentan a este periódico las vecinas.
La principal preocupación de las familias y del Sindicato de Inquilinos en este momento, en base a la legislación vigente en materia de Derechos Humanos, son los niños y niñas de esta comunidad, que actualmente se encuentran escolarizados en el colegio público del barrio en el que han creado lazos de amistad con sus compañeros de clase, sus iguales, y se han integrado en la dinámica de convivencia del barrio.
“Tenemos miedo de ir a comprar el pan y que el banco nos quite la casa”
Las vecinas nos reciben en la plaza del pueblo, junto a la iglesia de Santa Marta y nos cuentan cómo han vivido estos siete años. de incertidumbre. “No queremos echar más leña al fuego, pero sí que intenten entendernos como familias, somos seres humanos, solo queremos un techo digno. Llevamos siete años sin dormir, preparando cajas porque no sabemos si nos echan hoy o mañana”, nos cuenta Nieves. “Como la última vez”, añade Jenny, vecina que se erige en portavoz de las demás, “la última vez nos dieron dos días, de un viernes para un lunes, nos avisaron”. Nieves recuerda cómo en aquella ocasión ella y sus dos nietas casi se quedan en la calle enfermas de Covid.
“El otro día le dije a mi hija pequeña que fuera pensando en qué se va a llevar y que no por si nos echan”, confiesa Jenny con templanza pero bastante resignación.
Durante estos siete años todas y cada una de las administraciones que podrían tener competencias para solucionar este caso han sido conocedoras de la situación de abandono del inmueble en la que se encuentran las casas donde residen estas once familias, también conocedoras de los problemas de saneamiento y suministro de agua que han sorteado las vecinas a base de técnicas propias del siglo XIX: traen el agua en cubas a sus hogares para llenar los bidones y los excrementos los echan ellas mismas con cubos en las alcantarillas.
Durante este tiempo las familias han intentado alcanzar un acuerdo para poder pagar un alquiler social, dado que el 60% del inmueble es propiedad del Gobierno de Canarias, pero no han tenido éxito en esta petición. “Yo quiero pagar por mi casa, pero un alquiler que pueda pagar, pero no nos dan esa opción”, nos cuenta otra vecina afectada mientras mece en el carrito a su bebé. “Estamos en paro, no podríamos subsistir sin las ayudas del Gobierno, y a veces esperamos un año por las ayudas de emergencia”.
“Si nos echan, nos vendremos a la plaza”
“¿A dónde vamos si nos echan de aquí?, muchas de nosotras no tenemos ni familias que nos recojan. Si nos echan, nos vendremos a esta plaza”.
El caso de Nazira, con dos hijos, un bebé y otro al que en 2022 le detectaron una leucemia linfoblástica, es un caso de haber estado tocando a las puertas de la administración y recibir negativas a la alternativa habitacional “me dijeron que hay personas en peores situaciones que la mía”. “Si saben en la situación en la que estamos, ¿cómo nos piden todos los requisitos necesarios para acceder a una ayuda de alquiler, pagar la fianza que piden y los precios que piden?
En esta ocasión, las vecinas no tienen esperanzas en que se paralice el proceso de ejecución de desahucio. “Quiero una casa donde no tenga el miedo de quedarme en la calle”, dice Nazira enfadada. “Todas las casas que hay vacías no se las dan a la gente que las necesitan”.
La comunidad, las instituciones y los Derechos Humanos
Las vecinas creen que actualmente, la directora del colegio público al que van estos niños y niñas no tiene conocimiento de la última diligencia de lanzamiento sobre sus viviendas. Y en cuanto al Ayuntamiento de Telde, admiten que siempre las recibe y que les ha mostrado el apoyo del Consistorio, a través del Área de Servicios Sociales y su compromiso para mediar con la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias. En declaraciones a este periódico, Juan Antonio Peña asegura que “estará a su lado”.
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico nos hablan de la situación y señalan que el problema de saneamiento de las viviendas corroboran que las familias se encuentran en una situación desesperada porque “no es un chollo vivir sin agua ni alcantarillas”. El desalojo en ninguno de los casos, cuentan las fuentes, no puede suponer un empeoramiento de la situación en la que se encuentran hoy, “que ya es una situación de vulneración de derechos”, aseguran.
Las tres administraciones con competencias en la materia: Comunidad Autónoma, Cabildo y Ayuntamiento han tenido siete años para desarrollar un plan integral. “Las administraciones tienen la obligación de buscar una alternativa habitacional estable y que prebalezca el derecho del menor a poder vivir con su familia, elemento fundamental para su socialización y que su familia tenga mecanismos para vivir”.
Los abogados del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria recuerdan que los derechos humanos “están llamados para que resulten efectivos y no meramente ilusorios y que ”en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25.1 puede leerse: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia independientes de su voluntad”.
Mientras tanto en Telde en el siglo XXI, hay once familias y 19 menores decidiendo qué meter y qué no meter en cajas sin saber si después de esta amenaza tendrán que volver a empezar de cero y dónde.