La Fiscalía alerta del aumento de ciberviolencias machistas en Canarias, en especial entre las personas jóvenes

“Los delitos de violencia sobre la mujer cometidos a través de nuevas tecnologías, tienen incidencia creciente”. Es una de las conclusiones de la última memoria de la Fiscalía de Canarias, donde se detalla que “los delitos de acoso, amenazas, coacciones o incluso quebrantamientos de condena o medida cautelar, a través de redes sociales, que permiten amparar el anonimato del autor, ha dificultado la instrucción que en numerosas ocasiones exige una investigación tecnológica, por lo general compleja, que dilata la tramitación”. 

El Ministerio Público señala que esa dilación juega en contra del buen fin del procedimiento, pues existe información que desaparece por el transcurso del lapso temporal. “La creación de perfiles falsos, también dificulta la identificación del autor, exigiendo una profunda investigación, con averiguación de direcciones IP, ubicación espacial de la misma, identificación de posibles usuarios, etc”

Entre ese aumento que se aprecia de los delitos relacionados con las nuevas tecnologías, “hay un porcentaje importante de los delitos de amenazas, coacciones, acoso, vejaciones e incluso los quebrantamientos tienen un componente vinculado al uso de dispositivos móviles, redes sociales, sistemas de mensajería instantánea o grabación con archivos audiovisuales”. Eso es así, bien porque la conducta delictiva se perpetra mediante el propio elemento técnico o bien porque es la fuente de prueba que nos permite llegar al conocimiento de los hechos denunciados. 

La Fiscalía cree que también es llamativa la comisión de este tipo de hechos por personas cada vez más jóvenes que tienen una escasa conciencia de estar infringiendo la norma penal. 

En el año 2023, la sección de violencia contra las mujeres de la Fiscalía se ha reunido con las responsables del Servicio Insular de Prevención y Atención a las Ciberviolencias Machistas, SIPACM, creado en el seno del Cabildo de Gran Canaria, que presta información, asesoría jurídica, acompañamiento psicológico, ciberseguridad y autodefensa digital. Se trata de un recurso público pionero en Canarias en los apartados de violencia contra las mujeres en el ámbito digital y a las que el Ministerio Público ha remitido a algunas víctimas informándoles de su existencia.

De hecho, un estudio del Cabildo de Gran Canaria detectó en 2022 que solo el 5% de las mujeres que viven en esta isla y que sufren ciberviolencias machistas denuncian los hechos ante las autoridades. Además, el 50% de las mujeres de Gran Canaria ha sufrido al menos una situación de ciberviolencia machista de carácter sexual en Internet; que otro 16% asegura que alguna amiga o conocida también lo ha padecido; y que casi dos tercios de la población femenina entrevistada ha sido o conoce a alguna mujer de su entorno víctima del cibermachismo en sus relaciones de pareja.

En el apartado de delitos tecnológicos, la memoria de la Fiscalía también hace hincapié en que se han producido delitos  de corrupción de menores o de personas con discapacidad relativas a pornografía infantil. “Se han contabilizado seis procedimientos incoados, habiéndose registrado ocho procedimientos como ”otros delitos contra la libertad sexual cometido a través de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Más quebrantamientos de condenas

“Lo que sí queremos destacar de manera relevante es la constatación de un incremento en el número de procedimientos penales incoados, ha aumentado el registro de diligencias previas, de diligencias urgentes y juicios rápidos respecto al año anterior, se refleja en la estadística que proporciona incluso el propio Consejo General del Poder Judicial”, subraya la memoria. 

De hecho, la Fiscalía incide en que se observa una línea ascendente en los delitos por quebrantamiento de condena o medidas cautelares, “en muchos casos con situaciones de reanudación de la convivencia pese a las prohibiciones existentes por sentencia o auto, que parecen reflejar un escaso efecto de prevención especial en los investigados y en el lado de las víctimas una actitud de sometimiento, exposición imprudente asociada a la mitigación del riesgo objetivo presente por el que aceptan estos reencuentros con el consiguiente peligro de sufrir nuevas agresiones”. Esto último se ha traducido en que “el delito que está claramente a la cabeza de los ingresos en Centros Penitenciarios con pena privativa de libertad sea el quebrantamiento de condena o medida cautela”.  

Carencias para enfrentar la violencia de género

La Fiscalía alerta además de otras carencias en materia de violencia de género. Por ejemplo, apunta a que el Instituto de Medicina Legal ha externalizado fuera de la Unidad de Valoración Forense la realización de los informes sobre maltrato habitual, “lo que parece estar repercutiendo en que algunos procedimientos que llevaban paralizados hasta más de dos años puedan avanzar con la elaboración de estos”. En todo caso, “sigue siendo otro déficit casi estructural la ausencia de un número de médicos forenses adecuados para esta clase de dictámenes que en la mayoría de las veces son de carácter psicológico siendo uno de los elementos fundamentales con los que poder completar un escrito de calificación por maltrato psicológico o lesiones psíquicas”, apunta. 

“Seguirá siendo una reivindicación de esta Sección exponer la necesidad de que la dotación de profesionales que se precisa del IML para esta función se pueda cubrir y así cerrar un capítulo que llevamos muchos años observando y que produce enormes anomalías, cuyas demoras afectan a las víctimas y a la tramitación de los procedimientos en un plazo razonable con incidencia en el derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones indebidas”, remarca. 

En cuanto a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife se destaca que las principales incidencias se han producido con ocasión de la comarcalización. Es decir, l 1 de enero de 2023 entró en vigor el decreto que determinó la extensión de la competencia de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife, a los partidos judiciales de San Cristóbal de La Laguna y de Güímar, y la extensión de la competencia del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Arona, al partido judicial de Granadilla de Abona. “Es en estos dos partidos judiciales, Santa Cruz de Tenerife y Arona, en los que se ha producido el mayor número de incidencias, debido, principalmente, a la multiplicación exponencial del volumen de trabajo y que ha generado problemas, especialmente, en el desarrollo del servicio de guardia”, recuerda la memoria. 

Asimismo, apunta que en los juzgados de violencia sobre la mujer de Santa Cruz, se cuenta con una sala para las víctimas, que es habitual que se encuentre con un nivel de ocupación “por encima de lo deseable, careciendo de la intimidad aconsejable para entrevistarse con sus letrados/as, o con los técnicos del DEMA”.

Subraya además que el equipo psico-social, y la sala Gesell, se encuentran ubicados en La Laguna, lo que supone “un inconveniente importante para la práctica de las declaraciones preconstituidas de los menores, obligando a la realización de un nuevo desplazamiento”. “Tampoco contamos con una sala ordinaria para la práctica de pruebas preconstituidas en que no es precisa la intervención de psicólogo, viéndose a posponer su práctica a fecha en que tenga asignada una sala, bien a gestionar el uso de una sala asignada a otro juzgado”, señala.