Una treintena de funcionarios de Justicia se manifestaron este lunes a la entrada de los juzgados de Santa Cruz de Tenerife para protestar por la modificación de un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), por la que, en vez de crear diferentes unidades de apoyo procesal a los jueces en cada jurisdicción, se pretende crear una única unidad procesal municipal, lo que les restaría garantías laborales y les añadiría más carga de trabajo. Ya han anunciado movilizaciones si el ministro Caamaño “sigue sin tenernos en cuenta”.
La reforma de la Justicia y la introducción de la nueva oficina judicial, que pretende cambiar los juzgados tanto físicamente como en su funcionamiento, incluía hasta el pasado 6 de octubre la creación de unidades de apoyo directo a los jueces en cada jurisdicción (penal, social, contencioso, civil,?), y unidades más amplias de servicios comunes, pero la modificación del artículo 521 de la LOPJ reduce esas unidades de apoyo procesal a una única, aunque con más funcionarios, dirigida por un secretario judicial jefe, que tendría a su cargo otros secretarios judiciales, los cuales, a su vez, ordenarían el trabajo de cada funcionario, según explicó Mario Sicilia, portavoz en Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
El problema radica, según Sicilia, en que todos los juzgados de una misma ciudad se convierten en un mismo y único destino. “Eso significa que los trabajadores ya no podemos decidir nuestro futuro, sino que será el secretario judicial el que decida dónde coloca a los funcionarios. De esta forma, un día podemos trabajar en Civil, al siguiente en Social o Penal, sin tener en cuenta nuestra especialización. Las leyes procesales no son iguales para todos los órdenes jurisdiccionales”, añadió.
La protesta de este lunes fue convocada por CSIF y Comisiones de Base (CO-BAS). Los funcionarios también están molestos porque el mismo día en que el Senado aprobaba la modificación del artículo 521, el ministro Francisco Caamaño recibía a los representantes sindicales de los trabajadores, pero aseguran que ninguna de sus propuestas ha sido tenida en cuenta. Este martes está prevista una nueva reunión con el Ministerio de Justicia.
Al antojo
El portavoz sindical aseveró que el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas tienen pactada una reforma que deja a los funcionarios en una situación más que precaria. “Eliminan de un plumazo nuestros actuales destinos. Al convertir todos los juzgados en un único destino puede trasladarnos a su antojo sin necesidad de concurso ni trámite previo”. En la actualidad, un funcionario puede pedir traslado de un órgano judicial a otro, en el mismo partido judicial o en otro donde haya vacantes, mediante el concurso anual de traslado. Con la reforma, se anulan esos traslados dentro de un mismo partido judicial.
Otra queja de los trabajadores, que soportan el 90 por ciento de todos los trámites procesales, es que las plantillas están congeladas en toda España, pero se pretende crear en los próximos años 900 plazas más de jueces y de secretarios judiciales. “Hay funciones que son propias de los secretarios judiciales que nos son delegadas, pero sin percibir nada a cambio”, añadió Mario Sicilia, quien también lamentó que la implantación de nuevas tecnologías y programas informáticos para la interconectividad entre juzgados llegue sin la correspondiente formación del personal en el uso de esas herramientas