Los funcionarios de Justicia de toda Canarias anunciaron este jueves paros y movilizaciones para las próximas semanas, después de que la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, María Dolores Alonso, les comunicara que no van a cobrar el complemento específico por sus nuevas funciones, acordado el 2008 y que debía abonarse desde enero de este año.
La portavoz de los representantes sindicales de los 2.400 funcionarios de Justicia que ejercen en Canarias, Mary Pita (Cobas), que viajó de Las Palmas de Gran Canaria a Santa Cruz de Tenerife para coordinar acciones, consideró que esta negativa a retribuir los esfuerzos de los trabajadores por sentar las bases de la anunciada nueva oficina judicial supone “una tomadura de pelo y abuso de nuestra nueva fe”, ya que “ese complemento específico fue acordado en 2008, publicado en el Boletín Oficial de Canarias en 2009, y desde entonces deberíamos cobrarlo, pero dada la crisis que ya se vislumbraba dimos una prórroga de tres años al Gobierno”.
En 2003 se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para hacer posible la reforma judicial que implica un nuevo modelo de juzgados, basados en unidades de apoyo directo a los jueces y magistrados, y macrooficinas para tramitaciones y gestiones procesales conjuntas. Los funcionarios dejaron de ser oficiales, auxiliares y agentes para reconvertirse en cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio, para lo que deberían mejorar sus titulaciones y variar sus condiciones laborales.
Esa reforma entró en vigor en 2005. Los funcionarios, al tener mayores responsabilidades exigieron una mejora laboral, para lo que hicieron una huelga en 2006, que acabó con un acuerdo vigente de 2008 a 2011 y que incluía la apertura de los registros civiles por las tardes, pluses para los juzgados especializados en Violencia de Género y ese complemento específico que quedó pospuesto hasta el 1 de enero de 2011, con carácter retroactivo y que ahora ha quedado en entredicho.
Un desliz de la directora general
Gregorio Pérez Sosa (UGT), presidente de la junta de personal en los juzgados tinerfeños, afirmó que lo que se reclaman son complementos de 500 a 572 euros mensuales, “cifras que están muy por debajo a los complementos que ya se perciben en otras comunidades autónomas, en donde se rondan los 700 euros mensuales”.
Lo que más ha indignado a los representantes de los trabajadores es que supieran que este derecho no solo no sólo no tendría carácter retroactivo, sino que ni siquiera estaba asegurado por un desliz de la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia en la reunión de la última mesa sectorial, el pasado 28 de abril.
“Se le escapó”, asegura Dulce Paez (CC OO). “Obligamos a la directora a que convocara la mesa sectorial para establecer de una vez las Relaciones de Puestos de Trabajos para la nueva oficina judicial, y en esa reunión se le escapó que había un informe jurídico por el que quedaban comprometidos todos los acuerdos pactados, es decir, todos quedaban suspendidos, y que no había retroactividad, por lo que nos levantamos todos en bloque y nos fuimos”.
“Es imposible fiarse de Ruano”
“Lo malo”, añade Pérez Sosa, “es que nos mintieron en noviembre, cuando María Dolores Alonso nos prometió que ese complemento lo teníamos consolidado. Nos engañaron y estamos convencidos de que la intención del consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, era mantenernos engañados hasta después de las elecciones. Es imposible fiarse de este Gobierno. Son unos timadores y unos mentirosos”.
El representante sindical recordó que justo en estos años de crisis la actividad judicial se ha incrementado notablemente. “Ha habido un incremento de asuntos brutal y los retrasos en los procedimientos son escandalosos”, reiteró. “Sin el cumplimiento de este acuerdo, no hay nueva oficina judicial, por mucho que Ruano publicite que ya entran a funcionar los juzgados pilotos de Arrecife y Arona”.
Entre las medidas de presión que se barajan están paros diarios de media hora e incluso no descartan acciones judiciales. El próximo lunes, los representantes sindicales de ambas provincias acordarán mediante videoconferencia el calendario de movilizaciones.