La comisión de trabajo constituida por el Gobierno de Canarias para afrontar el futuro del puerto de Santa Águeda, en el sur de Gran Canaria, cuando expire la concesión que permite utilizarlo a la cementera de Arguineguín recomienda que su nuevo uso sea temporalmente compartido, turístico e industrial, hasta que la industria pueda operar en Arinaga.
El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha explicado que la comisión de trabajo considera que ese modelo combinado es “coherente” con la “vocación” de las instituciones de Gran Canaria de que los terrenos que rodean a ese puerto se conviertan en un polo de desarrollo turístico “sostenible”, para lo que el Cabildo tendrá que transformar esa previsión en una determinación vinculante en el Plan Insular de Ordenación sujeto a revisión.
Sólo así se podrá modificar posteriormente en tal sentido el planeamiento urbanístico de San Bartolomé de Tirajana, ha referido Franquis, quien ha recalcado que se dan las condiciones para llegar a un “acuerdo de isla”.
Pese a ser hoy más optimista respecto a ese pretendido acuerdo, que deberá adoptar en su momento el organismo Puertos Canarios, el consejero ha admitido que lo que se ha de negociar ahora, puesto que no hay consenso, es el plazo que durará la prórroga temporal que se plantea dar a la concesión en favor de la cementera CEISA para que esta empresa pueda seguir operando en el puerto de Santa Águeda cuando expire, el próximo 21 de octubre, la que está en vigor.
Franquis ha insistido en que se trata de buscar “la mejor solución de isla”, es decir, la que respete “el interés público” y “no modifique la forma de vida de los vecinos de El Pajar”, por lo que, antes de que finalice la actual concesión a la cementera, habrá que fijar un plazo de tiempo “justo” para que esta actividad industrial y la turística, a desarrollar en un puerto deportivo de entre 150 y 200 atraques, nunca 2.000, puedan convivir un tiempo.
Ese horizonte temporal vendrá determinado, ha dicho, por el tiempo que las administraciones grancanarias tarden en modificar sus respectivos planeamientos urbanísticos, que no será de menos de seis años, y también por la disponibilidad que haya de suelo en el puerto de Arinaga para instalar la cementera lo más cerca posible del muelle, algo que, según la Autoridad Portuaria de Las Palmas, no será viable hasta 2028.
Sebastián Franquis ha subrayado que la recomendación que formula la comisión se sustenta en las conclusiones de cinco informes sectoriales en los que se ha estudiado la viabilidad de los distintos escenarios posibles, unos estudios que han tenido en cuenta el impacto del uso mixto de este puerto desde el punto de vista económico, social, medioambiental, territorial y de salud pública.
El consejero ha asegurado que todas las partes afectadas por este cambio de uso de Santa Águeda “coinciden”, pese a que tienen “intereses encontrados, en que sería bueno llegar a un buen acuerdo”, en el que primará, ha recalcado, “la protección del empleo y del tejido productivo” de Gran Canaria.
Cabe recordar que el Gobierno regional contempla hasta siete diseños para el futuro del puerto de Santa Águeda, cuya concesión tiene Cementos Especiales de las Islas (Ceisa S.A.) hasta octubre de este año. La empresa industrial aspira a renovar el permiso para gestionar el muelle que ostenta desde hace 65 años, mientras que entidades del sector turístico demandan un uso recreativo para un puerto ubicado en una una de las joyas por explotar en la costa isleña.