Un ambiente de trabajo “frío y tenso” reina desde hace tres años en el área de Cardiología del Hospital Insular de Gran Canaria. La mayoría de sus médicos y enfermeros afirma haber visto o sufrido episodios de gritos, insultos e, incluso, amenazas. Un trato “despótico” que un grupo de profesionales personaliza en el actual jefe del servicio, F.J., a quien el equipo saliente de la Consejería de Sanidad ha mantenido en el puesto a pesar de que su nombramiento ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC); de que un juzgado ordenó a finales de mayo la convocatoria de un concurso con carácter inmediato para la provisión de esa plaza en ejecución de esa sentencia firme, y de que cinco médicos han acudido a un juzgado de lo social para demandar al Servicio Canario de Salud (SCS) por no actuar frente a un presunto caso de acoso laboral en el área.
Un informe psicosocial encargado por el Servicio Canario de Salud (SCS) a raíz de esa denuncia alerta de riesgos “importantes” en el servicio de Cardiología del hospital. Peligros que derivan, en palabras de los propios trabajadores, de “la ausencia de supervisión y la toma de decisiones arbitrarias e incoherentes” y del “autoritarismo” ejercido por el jefe del área. Esa evaluación, elaborada por una empresa externa, aconseja al organismo autónomo recurrir a la mediación para resolver el conflicto.
F.J. ha ocupado el cargo de forma provisional durante los últimos meses. Su nombramiento fue anulado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC en octubre del año pasado. El alto tribunal canario tumbó el procedimiento, resuelto en marzo de 2016, porque la comisión calificadora estuvo presidida por el gerente del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil (CHUIMI), Víctor Naranjo, un cargo de designación política. La resolución judicial remarcaba que la conformación del tribunal, que seguía el patrón utilizado por la administración autonómica desde 2012, contravenía el Estatuto Básico de los Empleados Públicos (EBEP), que fija que ni el personal de elección política ni los funcionarios interinos ni los trabajadores eventuales pueden formar parte de los órganos de selección.
Los miembros del tribunal calificador deben destacar “por su cualificación profesional, competencia y especialización” y no “por haber sido nombrados por un cargo político”, rezaba la resolución haciendo referencia al artículo 78 del EBEP.
A pesar de que la sentencia es firme, la gerencia del complejo sigue sin convocar el concurso para un cargo que continúa en las mismas manos. Y ello a pesar de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria dictó el pasado 22 de mayo una diligencia para que lo hiciera de manera inmediata y de que, en una reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia sobre la necesidad de cubrir las plazas ocupadas de forma provisional con la convocatoria de un concurso público con la mayor premura posible, incluso con la aplicación de manera transitoria de la fórmula de la comisión de servicios (más ágil que el procedimiento ordinario de méritos).
Dos meses después de esa diligencia de ejecución de sentencia, no hay noticias del concurso. Entre medias, el ya exconsejero de Sanidad José Manuel Baltar aprobó la orden para modificar el procedimiento para elegir a los jefes de servicio y de sección, de manera que los gerentes serán, a partir de ahora, quienes elijan a los miembros de una comisión que deberá presidir el o la directora médica de quien dependa el puesto. La orden fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el 10 de junio.
Denuncia por acoso
De forma paralela, desde el pasado mes de abril se sustancia en un juzgado de lo social de la capital grancanaria una demanda contra el SCS por incumplir sus obligaciones en materia de prevención de riesgos psicosociales. Sus autores con cinco médicos especialistas de Hemodinámica y Electrofisiología, la unidad que asiste a pacientes aquejados de cardiopatía congénita, cardiopatía isquémica y con síndrome coronario agudo. Estos profesionales presentaron entre julio de 2016 y abril de 2019 varios escritos dirigidos al coordinador de la unidad de Prevención de Riesgos Laborales, al departamento de Asesoría Jurídica y a la Gerencia del complejo para advertir de las “actitudes y conductas” del jefe de servicio y para reclamar un estudio de evaluación de los factores psicosociales y la activación del protocolo de acoso.
Los cardiólogos denunciaban la pasividad de la administración autonómica para resolver un conflicto que, según han alertado, pone en riesgo la salud de trabajadores y pacientes, así como las deficiencias del procedimiento usado en el protocolo de acoso abierto en 2018, que concluyó en archivo. Agotada la vía administrativa, los facultativos han acudido a los juzgados de lo social.
El informe psicosocial ahora conocido, elaborado a partir de las encuestas realizadas a los trabajadores del servicio (con un nivel de participación del 84%), deja conclusiones alarmantes, como que cerca de la mitad de los profesionales afirma haber estado expuesto a episodios de violencia psicológica constante o con cierta frecuencia y uno de cada cuatro, a un trato discriminatorio “siempre o casi siempre”. Los cargos directivos, por su parte, sitúan la base de los problemas en las reticencias del personal a la nueva reorganización de tareas y ubicación impuesta por el jefe de servicio para tratar de “optimizar el servicio” y reducir la lista de espera del área.
Este periódico ha contactado con la Consejería de Sanidad para conocer las razones del retraso en la convocatoria del concurso y la versión del jefe de servicio sobre las acusaciones de sus subordinados, pero no ha obtenido hasta la fecha respuesta.