La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales celebró en el Ateneo de Madrid un Debate sobre el Estado Social de la Nación entre el lunes y el martes, como respuesta, según sus promotores, “a la negativa del Gobierno y de la mayoría parlamentaria de llevar a cabo el Debate sobre el Estado de la Nación”. Una vez establecidas las conclusiones, se han presentado al Presidente de las Cortes Generales y al Presidente del Gobierno de España una serie de resoluciones contenidas en un Plan de Rescate de Personas y Familias.
“Se insta al Gobierno de la Nación a actuar de manera urgente para garantizar las condiciones básicas de dignidad y ciudadanía a todas las personas y familias”. De esta manera comienza el mencionado escrito de resoluciones, el cual se centra en dos ejes: en primer lugar abordan una serie de medidas urgentes de protección social básica y seguidamente se centran en un desglose de cambios normativos para garantizar el saneamiento de deudas de particulares sobreendeudados.
Entre las medidas urgentes de protección social básica planteadas, destaca la propuesta de reponer el recorte de la medida del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, el cual ha sufrido un nuevo varapalo en el mismo día de presentación de estas resoluciones, reduciendo su financiación a casi la mitad con respecto al año pasado. Incluso contemplan el incrementar éstas, lo que permitiría mantener la red de servicios sociales básicos. Además, piden crear distintas partidas para armonizar al alza la cuantía de las Rentas Básicas de Inserción, reforzar los presupuestos de las entidades locales destinados a proporcionar ayudas de urgente necesidad a personas y familias, garantizar becas de comedor escolar y, por último, para acabar con el limbo de la dependencia.
Para que el Plan sea viable, han desarrollado un sistema de financiación centrado en recuperar los niveles impositivos que afectan de manera especial a las rentas más altas y que han sido suprimidos o reducidos en los últimos 15 años. Entre otras medidas propuestas al respecto, destaca el modificar y mantener el impuesto de patrimonio, recuperar el impuesto de sucesiones en las CCAA que lo hayan eliminado y anular la rebaja de impuestos a rentas superiores a 120.000 euros al año. En total, con estas medidas “se podría recaudar una cifra cercana a los 22.000 euros, más que suficiente para financiar el Plan”.
El otro punto fuerte del escrito de resoluciones se centra en una serie de cambios normativos para garantizar el saneamiento de deudas de particulares sobreendeudados, con el objetivo de preveer y proteger las situaciones de insolvencia de estos. De esta manera se regularían los procedimientos de mediación prejudiciales entre deudores y acreedores y se asegurarían las “garantías suficientes para que las personas puedan llevar a cabo una reordenación de sus deudas frente a las entidades crediticias”. Este último punto tiene especial atención a la vivienda, posibilitándose fórmulas que permitan el reflotamiento económico, descartando las actuales prácticas que dan lugar a los polémicos desahucios.
Junto a estos dos ejes importantes del Plan, se plantean varias resoluciones más, referentes al “refuerzo del sistema de protección social básica que representan los servicios sociales” y el “mantener la protección que garantiza la Ley de Dependencia y evitar su descuartizamiento”.