La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha adjudicado el servicio de apoyo al organismo en la gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, por un presupuesto de 727.600 euros (IGIC incluido).
La adjudicataria ha sido la empresa Factoría, Gestión y Consultoría S.L., que se encargará de la ejecución del servicio durante el plazo de un año. También se prevé una eventual prórroga por un año, según ha informado la Consejería regional de Vivienda en nota de prensa.
El director del ICAVI, Antonio Ortega, expuso que con este contrato se “da un paso más” en el compromiso para “acelerar el proceso de adjudicación de las viviendas protegidas y solucionar la crisis habitacional que sufre el archipiélago”, donde hay aproximadamente más de 26.000 demandantes.
El Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida es una herramienta desarrollada por el Gobierno de Canarias con la finalidad de facilitar la adjudicación de las viviendas protegidas, así como para informar a todas las Administraciones locales sobre la demanda existente en las islas.
Actualmente, la comunidad autónoma de Canarias cuenta con más de 26.000 inscritos en este registro. La inscripción es obligatoria para todas las personas o unidades familiares que deseen ser adjudicatarias de una vivienda protegida de promoción pública o privada en el archipiélago.