El Gobierno de Canarias asume el retraso que lleva en la elaboración de la adaptación de la Ley del Agua de Canarias a la directiva europea. Junto con el retraso de otras cuatro comunidades autónomas, le ha valido al Tribunal de Justicia de la UE para darle un tirón de orejas a España. Mariano de León, Director General de Aguas del Gobierno canario declaró que “ahora mismo la ley está pasando por los órganos competentes”, que son los servicios jurídicos y el Consejo Consultivo. Si no surgiera ningún problema, después del verano se pensaría en llevarla al Parlamento.
La autoridad competente para adaptar la Ley es el Gobierno regional, aunque los cabildos, en una fase anterior hicieron sus propuestas. Una de las dificultades en la adaptación de esta Ley, que ha retrasado a las demás regiones, es la definición de las demarcaciones hidrográficas, hecho que en Canarias se subsanó sin dificultad alguna, pues cada isla tiene este reconocimiento.
Según explica Mariano de León, Canarias sufre este retraso porque ha “estado centrada en el convenio de Aguas”, y ahora, una vez aprobado, están apoyando el impulso de esta ley para que salga con mayor celeridad. La mayor novedad de esta directiva, para Canarias, subyace en el hecho de que cada Consejo Insular de Aguas será el máximo rector en el líquido elemento que circunvala cada isla. De esta forma se evitará la confusión de competencias actualmente existente entre Costas y Cabildo. Por citar un ejemplo, un elemento contaminante en cualquiera de las costas de las islas, ahora pasará a ser competencia de los cabildos, gracias a esta nueva directiva y a la transposición de la ley canaria a Europa.