El Gobierno canario replicó este martes que el Archipiélago está a la cabeza de España en política social y rechazó que boicotee la ley de Dependencia, como le acusa el PSC-PSOE, sino que es una normativa “compleja” que hay que poner en marcha mediante un proceso “riguroso” y “estricto”.
Así se expresó la consejera de Bienestar Social del ejecutivo canario, Inés Rojas, quien pidió a los socialistas que hablen con “rigor” y que no generen “falsas expectativas” ni “confusión” a la ciudadanía sobre la aplicación de la ley, de la que dijo será financiada en un 95% por Canarias frente al 5% que aporta el Estado.
Al término de la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera afirmó que el Gobierno regional ha ido por delante en materia de política social, pues incluso Canarias ya disponía de su propia normativa sobre dependencia antes de que el Gobierno de Madrid aprobara la llamada ley de Dependencia.
“Esta ley se encontró con que Canarias ya tiene su propia ley de Dependencia, aunque no la llamamos así, sino Plan de Atención a la Discapacidad y Plan Sociosanitario de Mayores”, explicó Rojas.
Este hecho “chocaba frontalmente -añadió- en cómo incorporar de repente una ley y hacer desaparecer lo que ya teníamos implantado en Canarias desde hacía un par de años”.
Se refirió la consejera a que los pilares de la política social del Ejecutivo canario son la Ley Canaria de Inserción, financiada en su totalidad desde el Gobierno regional, y la Ley de Dependencia, que aunque es una ley de origen nacional su aplicación recae en las comunidades autónomas.
Rojas rechazó que se esté actuando con demora en la aplicación de la ley de Dependencia, ya que entró en vigor a finales de abril de 2007, el último reglamento estatal fue aprobado el 8 de junio y en mayo se celebraron elecciones autonómicas, con el consiguiente cambio de ejecutivo.
Además, la ley dispone de plazo hasta el año 2015 para su pleno funcionamiento, recordó.
No obstante, explicó, durante 2007 se procedió a la creación de un cuerpo administrativo para valorar la situaciones de dependencia, compuesto por 64 personas, y el convenio para su creación tuvo que ser renegociado debido a que no contemplaba la singularidad del territorio insular (ocho islas habitadas).
La consejera también discrepó de las cifras ofrecidas por los socialistas y afirmó que ya se han valorado seis mil dependientes en Canarias, de los cuales 1.113 son grandes dependientes, con lo que la comunidad se sitúa en la cuarta a nivel nacional en valoraciones de beneficiarios.
Por ello exigió al PSC “más propiedad”, rigor y responsabilidad “a la hora de hablar”, así como un mayor conocimiento de ley de la que hablan e, incluso, de la realidad canaria.
Reiteró que a partir de marzo se podrán percibir las primeras ayudas a los beneficiarios de la ley de Dependencia y que la prioridad del Gobierno regional es la creación de plazas asistenciales para dependientes, de las que dijo que ya existen en Canarias 5.050 plazas, otras 930 están en fase de contrucción y para 2008 están previstas otras 1.490 plazas.
También Inés Rojas dijo que sólo en 2007 Canarias ha invertido en la atención a sus dependientes más de 26 millones de euros, con lo que “esos siete que nos ha dado el Estado da para poco más que para pagar al personal”.
En opinión de la consejera, “la prioridad de esta ley es lograr que las personas que tiene algún grado de depedencia no sólo sean atendidas como personas con un problema, sino que logremos que esas personas tengan la mayor autonomía personal posible”.
Y en este sentido, añadió, Canarias dispone para este año de 13 millones de euros en empleo para contratar a personal especializado para lograr esa autonomía para esas personas.
Eso demuestra que “Canarias ya tenía su propia ley de Dependencia”, concluyó Inés Rojas.