Gobierno canario y sindicatos, en contra de bajar los impuestos para afrontar la inflación por la guerra en Ucrania

El Gobierno de Canarias y las organizaciones sindicales han opinado que para paliar la situación actual de subida de precios motivada por la guerra de Rusia en Ucrania no es necesario una bajada de impuestos y los empresarios, por el contrario, la han defendido.

El secretario general del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) en Canarias ha expresado, tras la celebración del Consejo Asesor del Presidente de este martes, su disconformidad con la idea de una bajada de los impuestos para afrontar la inflación provocada por la guerra en Ucrania. La organización no solo considera “inoportuno” este planteamiento, sino que también cree que es “imposible”, ya que, tal y como ha señalado Navarro ante los medios, “en Canarias el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) ya es de cero para aquellas familias que gasten menos de 10 kilovatios”.

El secretario general de UGT-Canarias sostiene que una bajada de los impuestos “conllevaría una perdida en las arcas del Gobierno canario” y afectaría a los “posibles amparos” de un futuro si se recrudece el conflicto.

Análisis de la situación

El pensamiento del Ejecutivo regional sigue la misma línea. El viceconsejero de Presidencia de Canarias, Antonio Olivera, ha asegurado que una bajada de impuestos “no es la política que se requiere para hacer frente a un problema de oferta”. En este sentido, ha explicado que todas las medidas que pueda a llegar a adoptar el Ejecutivo regional deberán estar coordinadas con las que se lleven a cabo tanto en el marco europeo y en el estatal, por lo que desde el Gobierno autonómico se seguirá haciendo un análisis de la situación.

“Los días 24 y 25 de marzo se va a celebrar un Consejo Europeo muy relevante en el que se van a abordar medidas específicas para afrontar los problemas que está generando el conflicto, principalmente de suministro y de oferta. Ahí se establecerá un marco que va a permitir tratar estos problemas y se debatirán posibles iniciativas de apoyo a empresas y familias”, observó.

Además, Olivera dijo que, posteriormente, habrá un Consejo de Ministros -el día 29 de marzo-, en el que se aprobarán las medidas que se arbitrarán a nivel estatal, “que van a ser consecuentes con las que se adopten a nivel europeo”.

El viceconsejero aseguró que aquí se está buscando el consenso de los partidos, los agentes económicos y sociales y las comunidades autónomas. “Y en este marco -continuó- se ha encomendado constituir un grupo de trabajo específico de Conferencia Sectorial para definir un marco de actuación propio para España”.

Por su parte, aquí estarán presentes los consejeros de Hacienda y de Economía de Canarias, por lo que se establecerá una mesa de trabajo que puedan elevar ambos responsables autonómicos al ámbito estatal.

De igual modo, se analizarán medidas “más finas y más quirúrgicas” de intervención que el Gobierno de Canarias pueda adoptar para incidir en aquellos aspectos en los que las medidas internacionales y nacionales sean “insuficientes” o no contemplen las características singulares del archipiélago, así como identificar qué sectores están padeciendo estas problemáticas en mayor medida que el resto.

“Lo que ha quedado atestiguado en el Consejo Asesor es que quizás no estemos de acuerdo en las recetas. Hay alguna discrepancia en algún elemento sobre cómo abordar la situación y también hay muchos consensos y puntos de encuentro en medidas que hay que arbitrar. Pero en lo que sí hay consenso total es en que queremos resolver el problema”, concluyó.

Los empresarios y el PP, a favor de bajarlos

Manuel Navarro también indicó que los únicos a favor de esta iniciativa eran la patronal y algunos partidos políticos, como el PP.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, ha hecho especial hincapié en que hay que ayudar y tratar de sostener a los sectores más impactados por esta crisis pensando en conservar el tejido empresarial.

“Como organizaciones empresariales -incidió- defendemos, como lo defiende el presidente Sánchez y la UE, que hay que proteger al sector más impactado, que son las familias. Para eso entendemos que es necesaria una reducción de la presión fiscal”.

El objetivo, resaltó Manrique de Lara, es el de incrementar la renta disponible y siempre pensándose como una fórmula de reactivación económica que conlleve una mayor recaudación fiscal “porque tampoco podemos renunciar a la capacidad de las administraciones públicas para atender las necesidades sociales derivadas de cualquier crisis”.

Finalmente, el presidente de las CCE indicó que hay que agilizar los fondos europeos, especialmente los proyectos de inversión derivados de los mismos porque son los que transformarán e impulsarán la economía.