El consejero canario de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez (CC), ha expuesto este miércoles en comisión parlamentaria las medidas previstas por el departamento que lidera para “impactar” en el mercado del alquiler residencial y rebajar los precios de los arrendamientos, en alza constante y con especial incidencia en Canarias, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y los portales inmobiliarios.
Entre esas actuaciones, que Rodríguez ha enumerado a petición del grupo parlamentario Vox, no ha sido mencionada la permitida por la Ley de Vivienda nacional, aprobada este año y que faculta a las comunidades autónomas a declarar “zonas de mercado residencial tensionado”, esto es, regiones donde previamente ha sido analizado que las familias destinan como mínimo un 30% de sus ingresos al arrendamiento más los suministros básicos, como el agua y la, una realidad más que común en las Islas, tal y como demuestra la estadística oficial.
La norma, en resumen, prevé que los nuevos contratos de alquiler en esas regiones, que pueden ir “desde lo más micro hasta lo más macro” (de un distrito censal a un municipio, básicamente) no puedan establecer una renta superior al acuerdo vigente hasta entonces, salvo la actualización anual, que puede ser superior al 3% (o hasta un 10% si se han realizado obras de rehabilitación o accesibilidad). Para el caso de los pisos de grandes propietarios, la mensualidad no podrá superar la cifra que estipule el futuro Índice de Precios de Referencia, aún por estrenar y que previsiblemente marcará una evolución inferior a la del Índice de Precios de Consumo (IPC).
Rodríguez ha obviado esta posibilidad en la intervención de esta mañana en el Parlamento regional (que sí ha sido acogida por otras comunidades autónomas), en la que, en todo caso, ha reiterado el rechazo que Coalición Canaria ha expresado hacia la Ley de Vivienda, para la que votó en contra en el Congreso de los Diputados y que, en opinión del consejero, “no ha ayudado en ningún caso a cambiar la dinámica, aunque tiene poco tiempo de vida”.
“Vamos a intentar todos los mecanismos posibles para impactar el mercado del alquiler y bajar los precios”, ha agregado. “El reto es mayúsculo. Y no creo que una sola cosa lo cambie todo”.
El consejero canario ha añadido que la receta para rebajar los precios pasa por fomentar los alquileres asequibles, pensados para beneficiar a las unidades familiares inscritas en el Registro Público de Demandante de Vivienda Protegida de Canarias en régimen de promoción privada y cuyos ingresos ponderados estén por debajo del 4,5 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas.
Además, considera que la futura ley de uso turístico del domicilio, de la que aún no hay texto, sino tan solo una consulta pública ciudadana, “puede ayudarnos a recuperar vivienda” que en estos momentos se halla en el mercado turístico. También ha añadido que el programa de vivienda vacía, de las que hay en torno a 200.000 en el Archipiélago, según el INE, debe repensarse para “hacerlo más atractivo” y así atraer a los propietarios a la idea de poner en alquiler sus casas.
La comparecencia de Rodríguez ha llegado la misma semana en la que el Diputado del Común ha presentado un informe extraordinario sobre la emergencia habitacional acontecida en el Archipiélago. Según Rafael Yanes, es necesario un “gran” pacto por la vivienda en las Islas, donde “los precios, tanto para la compra como para el alquiler, han experimentado una subida desmesurada y esta Comunidad Autónoma cuenta con un 36% de su población en riesgo de exclusión social”.