El gobierno en el Ayuntamiento de Mogán (Ciuca-PSOE) ha intentado evitar la celebración de una sesión plenaria extraordinaria, solicitada el pasado 6 de marzo por la oposición (Nueva Canarias y Partido Popular), en la que se pedía la comparecencia de la alcaldesa Onalia Bueno, el concejal de Seguridad y Recursos Humanos, Mencey Navarro, y el jefe de la Policía Local, Tomás Hernández, por la suspensión de empleo y sueldo a cuatro agentes -una medida cautelar impuesta por el ejecutivo del municipio grancanario- supuestamente por no haber ejecutado una orden de precinto en un local.
“Onalia Bueno se saca de la manga un informe del secretario en el que oportunamente entiende que el jefe de la Policía de Mogán no es un órgano directivo, sino que es un simple funcionario y que por tanto no puede comparecer ante el pleno a dar explicaciones por la suspensión de los cuatro agentes” afirman las formaciones de la oposición en un comunicado conjunto.
Según NC y PP, el gobierno de Mogán “opta por elegir una vía tramposa para intentar evitar que el pleno se celebre con una sesión urgente, para que el primer asunto que se vote sea el de la procedencia o no de la celebración de la convocatoria urgente, con la intención de aplicar su mayoría e impedir el debate del pleno”.
Además, recuerdan que este tipo de situaciones motivaba que Bueno denunciase a Francisco González, exalcalde de Mogán, ante los tribunales.
Ambas formaciones han expresado que carece de sentido la convocatoria urgente por dos motivos: “por un lado, porque entre la convocatoria y el día de la celebración del pleno transcurren los plazos legales exigibles a las sesiones extraordinarias; y por otro, porque los plenos que pueden solicitar la oposición sólo son extraordinarios”.
Para NC y PP esta forma de proceder del gobierno de Ciuca-PSOE se debe al “evidente interés en proteger al jefe de la Policía local de Mogán”, a quien se le vincula como colaborador de la campaña de Onalia Bueno a las elecciones y la presunta compra de votos en el municipio grancanario.