El Gobierno de Canarias no prevé mediar en el conflicto que afecta los trabajadores de la empresa Videoreport Canarias S.A., concesionaria de los servicios informativos de la Televisión Pública de Canarias, por la negociación de su convenio colectivo.
Así lo manifestó el portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno después de que el vicepresidente, José Manuel Soria, se comprometiera este miércoles con los trabajadores a trasladar sus reivindicaciones laborales a la dirección de la empresa y de que el presidente regional, Paulino Rivero descartara intermediar al entender que el conflicto es ajeno al Gobierno que dirige.
Marrero afirmó este jueves que éste “es un conflicto de una empresa particular que está contratada por un ente publico autónomo, como es la Televisión Pública de Canarias, que se desarrolla en otro ámbito que no es directamente el del Gobierno” regional.
Preguntado sobre si habrá o no sanciones a la empresa, por su actuación en relación con la programación de la cadena de televisión autonómica durante la huelga que secundan los trabajadores, Martín Marrero consideró que “está debe ser una decisión que dirima el consejo de administración o, en su caso, la dirección general del ente público, que es el organismo encargado de velar por los términos del acuerdo del suministro de programación a Televisión Pública de Canarias”.
Por otro lado, Marrero aludió a los criterios de distribución de la partida de 3,5 millones de euros que la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información ha destinado a la Televisión Canaria (RTVC) para “fomentar el sector audiovisual de las Islas por el carácter estratégico que se le quiere dar”.
Al respecto, dijo que esa partida se ha transferido en virtud de un acuerdo de gobierno que “responde al cumplimiento de un acuerdo unánime del Parlamento sobre la consideración de este sector como un sector estratégico”.
Marrero agregó que ahora será la Televisión Pública de Canarias la que decidirá la distribución de estos fondos entre las productoras de las Islas.