El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha anunciado este miércoles junto al viceconsejero de Administraciones Públicas, Alejandro Rodríguez, que se levanta la suspensión de todos los procesos selectivos de la Administración pública autonómica que están en desarrollo excepto el de Ingenieros y Arquitectos en la Especialidad de Ingenieros Industriales, siendo además este el que abrió el pleito judicial.
Pérez ha explicado, en rueda de prensa, que la decisión se adopta después de la resolución que la misma Consejería adoptó a través de la Dirección General de Función Pública y en la que entonces se había decidido suspender el plazo máximo para resolver los procesos selectivos en curso, si bien a su llegada al Gobierno canario, el consejero admitió que nadie le informó de tal decisión, que evidentemente generó “inquietud” en los aproximadamente 15.000 opositores, de ahí que se comprometió a abordar esta cuestión lo “más rápido” posible.
Ahora, añadió, se ha optado por levantar dicha suspensión, siendo esta una “decisión fundada en derecho”, ya que aseguró que se cree que “es la más correcta”, así como también es una “decisión política” que responde al mandato de resolver el problema, “no perturbar” el funcionamiento de la Administración, “ni causar desasosiego” a los opositores.
De todos modos, Pérez ha asegurado que él no le reprocha al anterior director general que adoptara la decisión pero sí el que no le informara de ello.
Asimismo, puntualizó que la sentencia que ha dado lugar a esta resolución “no afecta al resto de los procesos en curso”, si bien sí puede tener sus consecuencias en la oposición de Ingenieros y Arquitectos en la Especialidad de Ingenieros Industriales, ya que es la que abrió el pleito judicial, y del que actualmente están pendiente 15 personas para 14 plazas, pero al resto “la sentencia no debe afectarle, no puede afectarle porque todo lo que han hecho los tribunales del concurso oposición son actuaciones legalmente firmes, definitivas y hechas en virtud de actos que no habían sido impugnados”.
Sobre la sentencia que afecta a la oposición de Ingenieros y Arquitectos en la Especialidad de Ingenieros Industriales, el Gobierno de Canarias tiene hasta el 4 de septiembre para poder recurrirla, cuestión que están estudiando y que “es posible”.
De todas formas, el Gobierno canario, al igual que la persona que puso el pleito, dijo, han pedido al tribunal de justicia que realice una aclaración sobre la sentencia dictada para decidir entonces si se recurre.
Pérez ha expuesto que Canarias tiene entorno a unos 60.000 empleados públicos, de los que unos 8.000 dependen directamente de la Comunidad Autónoma, y consideró que en el archipiélago se debe cuidar “mucho” a sus empleados públicos pero también “esmerarse en elegirlos bien, en el proceso de selección”.
En este sentido, expuso que el “fondo” de todo lo que engloba a este asunto se encuentra “no tanto” en que se denunció y se produjo un pleito, si no en qué “sistema es mejor”, si la oposición o la concurso-oposición, ya que el acceso solo por concurso está prohibido en España.
Para el consejero canario de Administraciones Públicas “no” existe un sistema de selección “intrínsecamente mejor que otro”, ya que a su entender “tan útil es un sistema como otro”. Así, puntualizó que la norma básica --de 1987-- en Canarias recoge el sistema es la oposición para acceder a la Administración y el concurso oposición “con justificación”, si bien en el conjunto de España la norma básica equipara los dos tipos de procesos para acceder.
Así, Pérez consideró que la cuestión está en el baremo de los méritos, que la ley recoge que estos “no” pueden ser “determinantes” para acceder a un puesto, si bien dijo “no” se puede ignorar que la experiencia “tiene un valor”, pero tampoco se puede negar el acceso al que decide opositar.
Por ello, admitió que existe un problema de interinidad, de ahí que el Gobierno de Canarias prevé 'mantener' el compromiso del plan de estabilidad recogida en los presupuestos autonómicos de 2019 y que tenía como objetivo alcanzar la tasa del 8 por ciento de interinidad, ya que reconoció que actualmente es mayor, en unos sectores más que en otros.
En concreto, en el caso de educación o sanidad la interinidad está “prácticamente en media plantilla”, alrededor del 40 por ciento.
Ante esto, Pérez hizo un llamamiento a los sindicatos para que trabajen juntos en la bajada de las tasas actuales de interinidad, ya que “es aceptable” con planes de estabilidad, al tiempo que subrayó que “no se puede permitir” que los procesos selectivos “disuadan” a quienes quieran entrar en el empleo público.
Así, el objetivo del Gobierno canario es que los procesos selectivos sean “casi continuos, que la duración sea relativamente corta”, así como que exista “claridad” en los criterios de selección y “seguridad jurídica”.