Goteo de cartas de desahucio a quienes viven en sus barcos en el Puerto de Las Palmas: “Tengo el corazón encogido”

Antonio Pérez y Nin Rosa, junto a su perro, en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria.

Jennifer Jiménez

Las Palmas de Gran Canaria —
23 de mayo de 2025 22:47 h

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“Ese hombre también vive en un barco en el muelle”. Y “esa familia también”. En una tarde cualquiera en el Muelle Deportivo de Las Palmas las terrazas de los restaurantes se encuentran dinamizadas por personas que no solo trabajan en este lugar, sino que viven en sus barcos. Allí les conocen todos y desde hace unos meses el tema de conversación no es otro: “Quieren que nos marchemos de aquí”. Desde hace unos días, la Autoridad Portuaria está notificando el desahucio inminente de estas embarcaciones porque, según defiende, “no se puede vivir en un barco, la Ley de Puertos lo prohíbe”. 

Las personas afectadas no entienden que se les amenace ahora con un desahucio cuando muchas de ellas narran que llevan hasta 20 y 30 años allí. Antonio es uno de ellos, es funcionario de Aduanas y decidió vender su casa en Las Palmas de Gran Canaria y vivir en un barco porque el mar es su pasión. “Yo esta mañana me he ido al trabajo con el corazón encogido, con una sensación de incertidumbre y de no saber lo que me depara el futuro”. 

Nin, que reside en el Puerto desde hace más de veinte años, asegura que fue el primero en recibir la carta de desahucio y a él le han sucedido hasta 22 cartas que ha emitido la Autoridad Portuaria. “Han empezado por los barcos más emblemáticos”, afirma Antonio. “Hay una tendencia a vincular la navegación con las élites y el mundo de la navegación es mucho más”, insiste, a lo que Nin responde que “el barco más humilde es el que más navega”. Ambos remarcan que este punto siempre ha sido un lugar “fantástico” para vivir y que mucha gente llegó y se quedó porque “siempre ha sido un sitio acogedor”. 

Giuseppe y Kristina son una pareja que vive con su hija menor en un barco desde hace seis años. Aseguran que tienen un piso comprado, pero que prefieren residir en su embarcación y en la zona donde trabajan. “Han llegado a entrar en mi barco sin permiso”, dice Giuseppe en referencia a la policía portuaria. “Llevamos años viviendo aquí y nunca habíamos tenido ningún problema”, insiste. Kristina añade que la excusa que está dando la Autoridad Portuaria es que no se ha renovado el permiso de atraque, pero afirma que hasta ahora siempre les habían avisado a todas las personas que residen aquí y lo pagaban sin problema. “Ellos avisaban y dejaron de avisar”, insiste. 

Fuentes de la entidad remarcan que tienen detectadas hasta ahora a 30 embarcaciones que deben abandonar el puerto. Además, se han inadmitido ocho recursos que interpusieron las personas alertadas del desahucio en la primera notificación. Desde la Autoridad Portuaria insisten en que “no se puede residir” en los barcos y por ello se están tomando medidas. Apuntan a que esto “viene de muy atrás”, pero que no se habían tomado medidas hasta ahora. 

En la carta que le llegó a Antonio, por ejemplo, se expone que la autorización para amarrar en el puerto de Las Palmas “se extinguió el 31 de diciembre de 2024” y que en febrero de este año se le notificó para que en diez días liberara el puesto de amarre y abandonara la dársena, “bajo la advertencia de que si no lo hacía, previa autorización judicial, se retiraría la embarcación y la depositaría en tierra a su costa”. Y entiende que, como el propietario “no ha atendido” al requerimiento, se incoa expediente de desahucio administrativo. 

En la resolución, entregada hace unos días, se le concede de nuevo un plazo de diez días para liberar el puesto de amarre y se le advierte de que la falta de “autorización” del uso del puesto de atraque “constituye un incumplimiento de la ordenanza reguladora de la gestión, uso y explotación de la dársena de embarcaciones menores” del Puerto de Las Palmas “tipificado como infracción administrativa” y “sancionado con una multa de hasta 60.000 euros”. 

Antonio, Nin, Giuseppe y Kristina, al igual que otras personas afectadas, han puesto el caso en manos de un abogado, pero hay personas que ya han abandonado el puerto por miedo al desahucio. “Pelear contra la administración cuesta dinero”, destaca Antonio. 

Tras el primer requerimiento, muchas de las personas afectadas recurrieron, pero se les han inadmitido sus recursos. La Autoridad Portuaria destaca para rechazar esos recursos que “como bien de titularidad pública, el dominio público portuario está afectado al uso general o a un servicio público, de modo que su uso es libre y general para todos los ciudadanos, pero no implica un derecho a la ocupación permanente” y que “en el dominio público portuario solo pueden llevarse a cabo actividades acordes con los usos portuarios definidos, siendo los prioritarios los usos ”náutico-deportivos“. 

La Autoridad Portuaria reconoce que hay “259 empadronados” en el puerto y añade que  “además de la ordenanza y de los requerimientos efectuados, el 7 de agosto de 2024 se colocó de manera visible en la puerta de cada uno de los pantalanes un cartel informativo recordando a los usuarios de las instalaciones la prohibición de la utilización del puesto de amarre por embarcaciones destinadas a residencia o vivienda habitual, o embarcaciones en explotación con fines de alquiler vacacional. También se publicó en la web oficial de la Marina”. 

Un puerto donde viven familias y personas de diversas nacionalidades

En el puerto viven canarios a los que les gusta estar en contacto con el mar, también hay personas que no tienen otra vivienda y personas de distintos puntos de la Península y de otros países. Es el caso de una pareja que afirman ser rusos solicitantes de asilo, que llegaron hace un año y que han dado la vuelta al mundo en su barco. Salieron desde Rusia y de ahí pasaron a Alemania y luego a Holanda, desde donde navegaron hasta Portugal y después a Mallorca. En el momento de la entrevista tenían una cita con su abogado y un traductor para que les explicaran qué pasos seguir para no ser desahuciados del puerto. 

Las personas que residen en el muelle afirman que están empadronadas como vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria, que han venido abonando regularmente los pagos por estar en la dársena y que el muelle es una instalación pública que depende de Puertos del Estado. “La Autoridad Portuaria tiene una hoja de ruta perfectamente establecida”, lamenta Antonio, que añade que una de las excusas es que este no es un lugar para vivir. Sin embargo, afirma que el muelle cuenta con aseos, con zona de lavadoras y secadoras, con zona de reciclaje y punto limpio… Además, insiste en que los barcos “no son infraviviendas”. En su caso dispone de camarote, salón- cocina y baño, en un espacio en el que afirma que puede vivir perfectamente. 

Asimismo, aclara que cuando una embarcación entra en el puerto de Las Palmas debe cumplir con la Ley de Puertos del Estado: debe tener un seguro, una documentación en regla, pagar las cuotas de agua y luz… El trasfondo de estos desahucios cree que está en la posible privatización del muelle y en que no sea accesible a todo el mundo. 

“Han empezado por 30, pero seguirán por más”, insiste Antonio, que asegura que peleará para poder seguir residiendo en este muelle y que “la Autoridad Portuaria se está comportando como un fondo buitre”. A su juicio, lo que dice la Ley de Puertos del Estado no es que no se pueda vivir en barcos, sino que no se puede edificar en el muelle. Por ello, espera que un juez dictamine cuál es la interpretación que se debe hacer. “Vamos a llegar a los tribunales”, insiste. De hecho, se espera que se enfrenten en los tribunales por la ordenanza, por la no renovación del permiso de atraque, por los desahucios y por la autorización de entrada en domicilio privado. 

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