Gran Canaria devuelve a los nietos de Pedro Rico, alcalde republicano de Madrid, las obras incautadas por el franquismo

Los dos nietos de Pedro Rico, junto al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (4d), y la consejera insular de Cultura, Guacimara Medina (4i), entre otras autoridades. EFE/ Ángel Medina G.

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —
28 de noviembre de 2024 15:02 h

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El Cabildo de Gran Canaria ha oficilizado este jueves la devolución a los familiares de Pedro Rico, alcalde republicano de Madrid, de las cinco obras que le incautó el franquismo. Este periódico adelantó en diciembre del año pasado que La Casa de Colón estaba dispuesta a devolver los cuadros ya que la Corporación Insular creía que era de “justicia social”. Ahora, el Cabildo se convierte en la primera institución española en tramitar un expediente de acuerdo a la Ley de Memoria Democrática.

En el acto han estado presentes tanto los familiares directos de Pedro Rico, Pedro Rico Gómez y Francisca Rico Gómez, como la representante legal de los herederos, Laura Sánchez Gaona. Alicia Bolaños, jefa del Servicio de Museos del Cabildo que se ha responsabilizado de tramitar dicho expediente, y Francisco Javier Pueyo, conservador del Servicio de Museos.

“Recuperarlos supone un desagravio a la memoria de nuestro abuelo”, ha expresado Francisca Rico, quien se ha mostrado “muy feliz” en el que ha sido para ellos “un día especial y muy ansiado”. Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, señaló que sin memoria “no hay democracia plena”, sobre todo “en estos momentos de tiempos oscuros”.

Cuando estalló la Guerra Civil española, la República incautó obras de arte para asegurar su protección, entre ellas, las de Pedro Rico, que fue alcalde republicano de Madrid en dos ocasiones (1931-1934 y 1936). Era poseedor no sólo de una colección de obras de arte, sino de una biblioteca y de un archivo personal. Una Ley de 1933 (que siguió en vigor durante la dictadura hasta la democracia) permitía confiscar temporalmente estos bienes y depositarlos en un museo. Más tarde, una orden ministerial de 1939 estableció que habría que realizar un inventario y publicarlo para que los propietarios reclamaran la devolución de los bienes incautados. Sin embargo, Rico nunca pudo solicitar la recuperación de sus obras porque se encontraba en el exilio, forzado por el régimen franquista, que lo amenazó de muerte. 

Es con la última Ley de Memoria Democrática, que reconoce “el derecho al resarcimiento de los bienes incautados”, con la que los herederos de Pedro Rico iniciaron un proceso para que les sean devueltas las obras que siguen en distintos museos españoles. De un total de 25 localizadas, cinco de ellas se encontraban en un museo de Gran Canaria, la Casa de Colón, que inició entonces un procedimiento administrativo para restituir estos bienes. La abogada de la familia, Laura Sánchez Gaona, explicó entonces a este periódico que ese derecho de resarcimiento es clave para obtener una reparación integral de las víctimas de la guerra y la dictadura y así lo recoge la propia Ley. 

En marzo del año pasado, la Casa de Colón recibía formalmente un requerimiento de la abogada de la familia Rico para que cesara la relación de depósito y para la restitución material de cinco obras pictóricas depositadas en el museo. En concreto, en este museo se encuentran los lienzos: Toro desmandado, Una fiesta en la dehesa Un baile de majos; los tres de Eugenio Lucas Velázquez; El patio de una posada, de Francisco Domingo Marqués y Toro Fogueado, de Roberto Domingo Fallola. 

En el informe que emitió entonces el Cabildo se remarca que es “un deber moral” en la vida política y un “deber de memoria”, signos ambos de calidad democrática. Además, concluye que “los herederos de Pedro Rico nunca llegaron a perder la titularidad de estos cuadros, de forma que la Administración General del Estado y el Cabildo de Gran Canaria han sido meros depositarios de facto de aquellos”. Solo se esperaba por un informe de la Abogacía del Estado.

En septiembre de este año, el Cabildo confirmaba que devolvería los cuadros a los familiares. La Corporación señalaba que con este geste se convierte en la primera institución pública del país que impulsa un expediente de devolución de esta naturaleza conforme a las condiciones previstas en la Ley de Memoria Democrática de 2022.

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