El nuevo decreto de Dependencia sigue causando rechazo en Canarias. A las alegaciones presentadas por el personal del área, se suman las de los dos colegios de Trabajo Social de las Islas, que lo tachan de “grave amenaza” y exigen su retirada. El decreto de la Consejería de Bienestar Social que apenas estuvo diez días en exposición pública establece entre sus principales novedades que si pasan seis meses desde que se solicita la ayuda se entenderá desestimada “por silencio administrativo”. Una medida que se justifica en que así se permite “la interposición del recurso administrativo”.
Los colegios de Trabajo Social insisten en la retirada del borrador. “Creemos que el proyecto adolece de apoyo financiero y que no garantiza la mejora de recursos humanos, y su tramitación urgente impide el análisis en profundidad de su impacto”, apuntan.
“La propuesta actual podría bloquear el acceso al sistema y afectar negativamente a las personas solicitantes, lo que constituye una grave amenaza para su bienestar y derechos”, señalan ambos colegios oficiales. Consideran, entre otras cuestiones, que “el proyecto ha sido desarrollado sin tener en cuenta la experiencia y el conocimiento del personal implicado, lo cual compromete su eficacia y calidad”.
“La urgencia en la agilización del proceso no se acompaña de una adecuada financiación y mejora de los recursos humanos, lo que conlleva un riesgo evidente para la efectividad del sistema”, destacan los colegios. Una cuestión que también habían afeado los los técnicos que trabajan en la Consejería: “No queda claro que un cambio de procedimiento sin aumentar los medios humanos y materiales, vaya a producir una reducción significativa del tiempo para la resolución y un acortamiento efectivo de los plazos”, decían en sus alegaciones. Y recuerdan que aunque se acortaran los tiempos, el “Gobierno de Canarias no cuenta con una red suficiente de servicios que puedan cubrir las necesidades de todos los solicitantes que sean declarados dependientes”.
“La tramitación urgente ha impedido un análisis exhaustivo del impacto del decreto, dejando poco espacio para la reflexión y el debate, aspectos cruciales para garantizar la calidad del servicio”, reprochan también los colegios profesionales, que en un comunicado “instan al Gobierno de Canarias a tomar medidas inmediatas para retirar el proyecto de decreto. Es imperativo abrir un proceso participativo con todos los agentes implicados para buscar alternativas y propuestas de mejora que garanticen un sistema justo, eficaz y de calidad para la atención a la dependencia en Canarias”.
Otras alegaciones
No es la única queja que ha tenido este decreto. Esta misma semana desde la Asociación de Cuidadoras Acufade y el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias presentaron una batería de propuestas que denominaron “de 600 a 60” en referencia al tiempo de espera que se tarda en obtener la ayuda a la dependencia en las Islas. La propuesta redactada por ambas entidades, propone un modelo por el que la totalidad del procedimiento se realizaría en los centros de atención primaria.
Además, los propios técnicos de la Consejería formularon diversas alegaciones. Una de las cuestiones que reprochan es precisamente que se sustituya la valoración tradicional por un “triaje”, es decir, un profesional con formación sanitaria es el que realizará una valoración únicamente con la documentación aportada por ese posible beneficiario. “Cuando del informe de salud no se desprendan indicios suficientes de la existencia de una situación de dependencia, … se requerirá a la persona interesada para que aporte un nuevo informe o documentación en el plazo de diez días”.
Los trabajadores recuerdan que esta medida supone “un cambio sustancial en el puesto de trabajo del personal valorador, de perfil tanto social como sanitario”, que no ha sido negociada. En numerosas ocasiones, afirman que los informes de salud “están incompletos” y “se observan déficits durante la valoración que no concuerdan con los diagnósticos que tiene el solicitante en el informe de salud y se debe requerir que aporte otro informe médico para poder realizar la valoración de forma completa”. Por ello, inciden en que descartar valorar a un solicitante por este criterio, “además de ineficaz, parece discriminatorio”, pues tras valoración, los técnicos pueden orientar a la ciudadanía a recoger la documentación de aquello que puedan necesitar para continuar con su expediente. Un ejemplo que citan es que puede haber informes de salud con solo hipertensión y la persona estar completamente encamada y anquilosada, por lo que concluyen que “no se puede priorizar la valoración en base al diagnóstico”.