Los tribunales echan por tierra el argumento esgrimido por el Gobierno de Canarias para denegar las subvenciones de hasta 12.000 euros que había prometido a los jóvenes que firmaron su hipoteca en el marco del Plan de Vivienda 2009-2012. No basta con la última claúsula que incluyó el Ejecutivo en la letra pequeña de los contratos, según la cual esta ayuda estaba supeditada a la disponibilidad presupuestaria de la Consejería.
Una sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria anula una de las resoluciones denegatorias del Instituto Canario de la Vivienda y obliga a este organismo a conceder la subvención de 12.000 euros a Iván Henríquez, uno de los portavoces de la plataforma de afectados por la Hipoteca Joven.
La magistrada Esperanza Ramírez sostiene en esta sentencia, fechada el pasado 6 de noviembre, que la Administración no ha justificado la inexistencia de crédito para pagar la ayuda al joven que suscribió este producto.
La juez remarca que en el expediente administrativo no consta “documento o prueba alguna que justifique la decisión administrativa, ni cuál era el importe inicial de la partida presupuestaria, ni cuándo se agotó, ni en qué se gastó”. El auto, contra el que no cabe recurso, condena además al Gobierno a pagar las costas procesales.
Canarias Ahora tiene constancia de al menos otras dos sentencias que se pronuncian en similares términos. Sin embargo, a pesar de que la ley estipula un plazo de dos meses a partir de la comunicación de la sentencia para ejecutarla, el Gobierno de Canarias aún no ha ingresado la subvención a los afectados.
Iván Henriquez explica que el Instituto Canario de Vivienda le trasladó a principios de enero, cuando se agotaba la fecha para cumplir con el fallo judicial, que el pago estaba pendiente del cierre del ejercicio presupuestario. Un mes más tarde, el dinero sigue sin llegar y este joven grancanario pedirá esta misma semana la ejecución forzosa de la sentencia con los correspondientes intereses de demora.
“¿Cómo pretende un gobierno que no cumple ni las sentencias judiciales que los jóvenes canarios nos fiemos de que nos van a pagar durante los próximas años?”, se pregunta Henríquez.
Tras hacer propósito de enmienda, la consejera Inés Rojas prometió en el Parlamento de Canarias que en 2014, 2015 y 2016 abonaría a los jóvenes las ayudas denegadas. Para este ejercicio, sin embargo, Vivienda sólo ha destinado una partida de 3 millones de euros, una cantidad que, según los cálculos de la plataforma, sólo daría para pagar a 300 de los 1.700 afectados.
Los jóvenes hipotecados han solicitado una reunión con Inés Rojas para determinar los criterios con los que se irán abonando estas subvenciones, pero hasta la fecha no han recibido respuesta del gabinete de la consejera.