Canarias supera a la media española en pobreza y en pobreza severa, y sin embargo se sitúa ligeramente por debajo en pobreza energética gracias a sus circunstancias geoclimáticas, aunque con tendencia a converger, según un estudio realizado en la Universidad de La Laguna.
“En España hay personas no pobres que son pobres energéticamente; en Canarias hay personas pobres que no son pobres energéticamente”, ha explicado Francisco Javier Ramos Real, catedrático de análisis económico de la Universidad de La Laguna y coordinador del estudio La pobreza energética en Canarias, encargado por el comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias, Santiago Rodríguez.
Esto se debe a que el consumo de energía por hogar en Canarias es el 60% de la media española, por las menores necesidades de climatización, dijo Ramos Real en la presentación del estudio.
El equipo que ha realizado el estudio ha creado su propio indicador, denominado IPEC, para medir la pobreza energética, ante la falta de una definición común, y está basado en los ingresos de los hogares (por debajo del 60% de la mediana nacional) y el porcentaje de la renta que dedican al gasto energético (superior a la mediana nacional o al 10% de los ingresos).
El IPEC indica que en Canarias un 11,43% de los hogares sufría pobreza energética en 2016, frente al 12,48% del conjunto de España.
Sin embargo, en 2006 el índice era del 1,65% en las Islas y del 9,63% en el conjunto del país, una diferencia que ha tendido a reducirse a medida que la crisis económica ha afectado más al archipiélago, donde la renta de las familias ha bajado más y la desigualdad se ha incrementado a mayor ritmo.
El estudio define la pobreza energética en función del precio de la energía, los ingresos de los hogares y la eficiencia energética de la vivienda, un aspecto este último en el que, según el estudio, Canarias no está en buena situación por la mala calidad de la construcción.
La definición que se propone de pobreza energética es la “incapacidad o dificultad de los hogares de acceder a otros servicios energéticos esenciales para asegurar unas condiciones de vida dignas a un precio justo y atendiendo a sus niveles de ingresos”.
El estudio considera que el perfil de los hogares más vulnerables en pobreza energética en Canarias es más heterogéneo que en el conjunto del país y el riesgo aumenta en las familias donde los progenitores tienen menos estudios, están en paro, tienen menores dependientes, son mujeres o tienen altas cargas hipotecarias.
El equipo redactor insta al Gobierno de Canarias a diseñar “una estrategia integral, sistemática y coordinada” contra la pobreza energética, que involucre el ámbito social, energético, ambiental o de rehabilitación.
También cita medidas paliativas para proteger a los hogares vulnerables, como el bono social de ayuda al pago de los recibos de la luz, que debería extenderse a otro tipo de suministros.
Al respecto, el comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza informó de que actualmente hay 104.539 beneficiarios del bono social, de manera que ninguna familia con dificultades ha sufrido el corte del suministro, aunque señaló que “no están todos los que son”.
El catedrático Ramos Real indicó que mucha gente necesitada no conoce la existencia del bono social y sugirió una mayor actuación de los servicios sociales para difundirlo para que no se queden al margen colectivos vulnerables.
El informe incide además en la necesidad de mejorar la eficiencia energética en los hogares, donde hay un gran potencial de mejora, así como en la necesidad de promover campañas de sensibilización y educación ciudadana en el uso de la energía.
El comisionado confirmó que a partir de este estudio se podrá elaborar una estrategia de actuación en la lucha contra la pobreza energética en las islas, en la que se involucrará al resto de administraciones.