MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo cumple su primer año en vigor este martes y mientras la Asociación de clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo (ACAI) sostiene que el volumen de abortos ha descendido y que sólo son entre un 4 y un 5% las menores de edad acuden a abortar sin sus padres o tutores, Fundación Red Madre afirma que se han disparado y que estos casos son “especialmente sangrantes”.
La portavoz de la fundación, Esperanza Puente, ha adelantado en declaraciones a Europa Press que los abortos “han aumentado un 30%” y se ha notado un repunte en los embarazos no deseados, que atribuye a una mayor “frivolización de la sexualidad”. Además, ha denunciado que la situación es “especialmente sangrante” entre las menores de 16 años, porque “los propios padres las obligan a abortar”.
Para la representante de Red Madre, que dará una rueda de prensa con más datos el próximo martes, “de parte de la Administración General del Estado no se ha visto un apoyo decidido a la maternidad” durante este año y sí una mayor facilidad para interrumpir el embarazo ante sospechas mínimas. Según afirma, se suceden casos de recomendación médica de aborto ante malformaciones del feto que luego no llegan a ser tales.
Sin embargo, el presidente de la Asociación de clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo (ACAI), Santiago Barambio, asegura que el número de abortos ha disminuido desde 2008, pero no por la entrada en vigor de la nueva ley, sino porque ha bajado el número de mujeres inmigrantes que llegaron a España entre 2009 y este año.
Barambio asegura que sólo “entre un 4 y un 5 por ciento” de las mujeres que han abortado con la nueva ley han sido adolescentes de 16 a 17 años, de las que “entre el 85 y el 90 por ciento” acudieron a la clínica acompañadas de sus padres. “Sólo entre un 5 y un 10 por ciento se acogió al derecho de no comunicar a sus padres que iban a abortar y fueron casos claros, que no plantearon ningún conflicto”, acota.
La ley, nacida en el seno del ya extinto Ministerio de Igualdad y actualmente gestionada por la cartera de Sanidad, permitió el aborto libre en las primeras 14 semanas y hasta las 22 en caso de riesgo para la madre o por malformaciones incompatibles con la vida en el feto, implantó comités clínicos para la acreditación de las razones sanitarias del aborto y permitió que las chicas de entre 16 y 18 años pudieran practicárselo sin consentimiento de sus padres o tutores.
Asimismo, conllevó la aprobación de una Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que fue aprobada por el Gobierno y las Comunidades Autónomas a finales de 2010 y que, con una vigencia de cinco años, contempla ser evaluada bianualmente, por lo que hasta 2012 no se conocerá la perspectiva oficial sobre la aplicación de todas las medidas que contempla la nueva ley, especialmente las dirigidas a fomentar una sexualidad responsable.
A falta de datos globales del Ministerio de Sanidad, la información recabada por Europa Press arroja que sólo en Canarias, el año pasado se produjeron 4.936 abortos, con una tasa de 8.63 por cada 1.000 mujeres. En Santa Cruz de Tenerife, donde se practicaron más de la mitad de abortos de las islas, la mayoría (67%) tuvieron lugar en el semestre previo a la entrada en vigor de la ley.
Por contra, en Las Palmas, se pasó del 33 por ciento de los abortos practicados (734) entre enero y junio, al 52,5 por ciento que supusieron con la nueva ley ya vigente (1.423). En todo el año, allí se realizaron el 43,7 por ciento de los abortos de las Islas Canarias, según las fuentes consultadas.
En Cataluña, desde julio de 2010 hasta junio de 2011, 6.793 mujeres pidieron interrumpir su embarazo, según fuentes de la Generalitat, que pagó más de 2,5 millones de euros para sufragar las solicitudes aceptadas. Aunque el gobierno regional desconoce aún si se produjo un aumento con la nueva ley, recuerda que en 2009 los abortos se redujeron un tres por ciento, hasta los 26.000. En esta comunidad, se puso en marcha una prueba piloto en marzo de píldoras abortivas RU-468, y en el primer mes, se distribuyeron 60 dosis.
En Andalucía no ofrecen datos correspondientes al año 2010, pero aseguran que la ley “ha venido a mejorar las prestaciones que se ofrecen a las mujeres, con mayores garantías jurídicas, más calidad asistencial y confidencialidad”. “En definitiva, la modificación de la normativa viene a mejorar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo”, aseguran las fuentes consultadas.
PARA UNOS DA SEGURIDAD, PARA OTROS ES ABERRANTE
Desde el Congreso, el portavoz de la asociación de diputados Familia y Dignidad Humana, Ángel Pintado, cree que esta es una “triste fecha” porque, a su juicio, la ley ha dado “rango de derecho a una aberración”. En su opinión, es tan necesaria una reflexión sobre aborto y valores fundamentales como un cambio cultural que “garantice a la mujer sus derechos como madre”, porque “las condiciones de verdadera libertad se traducen en un reconocimiento social de la maternidad”.
UPN se mantiene en esta línea y considera que se necesitan “más esfuerzos para dignificar la vida y para explicar la grave trascendencia de la decisión que conlleva eliminar una vida humana” ya que “con la ley en vigor, un año después la situación es peor en la medida en que la protección de la vida no está en el foco de la actualidad y lo que aún es más grave, está fuera de la agenda política”.
Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Montón, ha destacado que “se ha demostrado que no ha sido la catástrofe que la derecha preveía” aunque ha apuntado que el tiempo dirá “si hay que ajustar alguna cuestión”. En todo caso, considera que la norma “es fruto de un gran consenso donde el PP se ha querido quedar fuera” y critica su promesa de derogarla porque opina que es una muestra de “hipocresía” y de “falta de coherencia”.
PROTESTAS POR TODA ESPAÑA
El presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, considera que el primer “efecto negativo” de esta ley ha sido el “aumento considerable” del número de abortos en adolescentes, que, según denuncia, “se ven privadas, por culpa de esta norma, de asesoramiento a la hora de tomar una decisión tan grave como es la de abortar”.
Blanco lamenta “profundamente” que el Tribunal Constitucional continúe sin dictar una sentencia sobre el recurso de presentado por el Partido Popular habiendo en su opinión, “fundamentos muy razonables” de inconstitucionalidad. “La ley ha sido un inmenso error que está haciendo mucho daño a las mujeres y al derecho a la vida y pido al TC que decida cuanto antes y la expulse del ordenamiento jurídico”, ha señalado.
Además, otras organizaciones han convocado protestas por toda España para expresar en la calle su disconformidad con la nueva ley. Así lo ha hecho Derecho a Vivir, plataforma que ha promovido hasta 86 actos en cerca de medio centenar de provincias y una veintena en el extranjero en coincidencia con el primer aniversario de la norma y para exigir su derogación.