La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria mantiene imputado por un presunto delito de apropiación indebida a Eduardo López Mendoza, abogado durante años y hasta el pasado mes de diciembre del conocido empresario José Miguel Suárez Gil, expresidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria.
La imputación se produce tras la denuncia presentada en junio de 2014 por un cliente, O.H., que le reclama más de 5.000 euros que abonó en concepto de provisión de fondos de honorarios profesionales para que López Mendoza defendiera los intereses de una menor de edad, la hija de su pareja, en un procedimiento incoado en 2010 en el Juzgado de Instrucción 2 de la capital.
Transcurridos unos días desde que transfirió el último pago de esta provisión, el cliente desistió de continuar con el proceso y solicitó la devolución de las cantidades que ya había ingresado el abogado, previa liquidación de sus honorarios profesionales.
Según consta en la denuncia, López Mendoza no realizó “actuación procedimental alguna, a excepción de su asistencia a la interposición de denuncia ante la Jefatura Superior de Policía de Canarias y de su asistencia a las declaraciones-ratificación de los denunciantes en el Juzgado de Instrucción”.
En este escrito, el denunciante afirma que, tras reiterados requerimientos verbales al abogado para la devolución del dinero, López Mendoza “ha venido dando largas y evasivas, intentando aplicar dicha provisión a otras actuaciones que no le han sido encomendadas”.
“Resulta harto inaudito que el denunciado retenga en su poder la totalidad de la cantidad entregada (que asciende a 5.200 euros), lo que denota su consciente voluntad de apropiarse de una provisión de fondos que no tiene respaldo absoluto en las actuaciones profesionales realizadas en el procedimiento judicial, obteniendo así con ello un ilícito enriquecimiento patrimonial”, afirma el antiguo cliente de López Mendoza en su denuncia.
López Mendoza recurre a la Audiencia Provincial
El exabogado de Suárez Gil estaba citado a declarar en calidad de imputado el pasado 18 de septiembre. Sin embargo, López Mendoza presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas al entender que los hechos por los que se le acusa ya han sido juzgados.
El letrado se refiere en su recurso al sobreseimiento libre del procedimiento abierto a raíz de la denuncia presentada por la pareja de O.H. por hechos similares. Al igual que ha ocurrido ahora, López Mendoza recurrió a la Audiencia de Las Palmas su imputación en el Juzgado de Instrucción 8 por la presunta apropiación indebida de 6.425 euros, cantidad que había pagado la clienta por el trabajo encomendado.
Los magistrados de la sección sexta de la Audiencia, con Salvador Alba como ponente, estimaron el recurso del letrado y revocaron el auto de Instrucción 8, al entender que no había quedado acreditado el ánimo de lucro ni el incremento patrimonial del denunciado.
Según consta en ese auto, López Mendoza libró dos cheques para devolver las cantidades adeudadas a la denunciante, quien, sin embargo, no llegó a cobrar el dinero. En el primer caso, porque era un cheque cruzado y no tenía cuenta en el banco y en el segundo, porque el abogado acudió a la sucursal prohibiendo el pago tras recibir un oficio de otro juzgado que ordenaba el embargo sobre el crédito que la clienta ostentaba frente a López Mendoza.
El embargo fue reclamado por la anterior abogada de los denunciantes, con la que también mantienen un litigio por una jura de cuentas –la letrada les reclama 37.000 euros de honorarios profesionales más intereses- a la que, según ellos, el propio López Mendoza “no contestó en plazo”. Los antiguos clientes denunciaron en su escrito de impugnación al recurso una “maquinación” de ambos letrados. “¿Cómo es posible que la abogada supiera que le habíamos reclamado la provisión de fondos a López Mendoza por otro procedimiento?”, se pregunta O.H.
Mismo objeto, sujeto diferente
Agustín Santana, actual abogado del denunciante, ha impugnado el recurso de apelación presentado por el exletrado de Suárez Gil. Argumenta que, a pesar de que los hechos han sido objeto de una denuncia anterior ya archivada, el sujeto es diferente. Santana explica que O.H. pagó parte de la provisión de fondos para la contratación de los servicios de López Mendoza y entiende, por lo tanto, que este caso debe instruirse. “Solo pedimos eso, que nos den la posibilidad de dar explicaciones”, señala.
Sobre la denuncia ya archivada, Santana señala que los clientes acudieron directamente a la comisaría para presentar la denuncia sin el asesoramiento de un abogado y “no supieron explicar de la forma más adecuada cuál era la situación”.