El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes el indulto concedido por el Consejo de Ministros a la vecina de Betancuria (Fuerteventura) Josefa Hernández, que solo alcanza a su condena de prisión y no establece plazos para que derribe la parte ilegal de su casa.
Esta mujer de 62 años fue condenada en 2012 a seis meses de cárcel, 720 euros de multa y el derribo de lo ilegalmente construido por ampliar su vivienda vulnerando las restricciones de encontrarse dentro de un espacio protegido, el Parque Rural de Betancuria.
El real decreto que publica el BOE solo le retira la pena de cárcel, con la condición de que no vuelva a cometer un delito doloso en el plazo de dos años, contados a partir de este lunes.
Josefa Hernández ingresó el prisión el lunes de la semana pasada, porque el Juzgado que la condenó (el de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario) consideró que no merecía seguir disfrutando del beneficio de la suspensión de su condena, por haber mostrado una actitud rebelde frente a su obligación de derribar lo ilegalmente construido y haber realizado nuevas obras en su vivienda.
La Audiencia de Las Palmas corrigió esa decisión tres días más tarde, el jueves, restableció la suspensión de la condena y permitió a Hernández abandonar la prisión de Tahíche (Lanzarote).
El tribunal le ponía dos condiciones para ello: que derribase en un plazo de seis meses las obras declaradas ilegales en la sentencia y que no volviese a delinquir en los próximos cinco años.
El indulto que se ha concedido a Josefa Hernández no le impone plazo alguno derribar las obras que motivaron su condena, a diferencia de lo que ha ocurrido en algunos supuestos anteriores por el mismo delito (contra la ordenación del territorio, por construir en espacio protegido) y en la misma provincia (Las Palmas).
Fue el caso del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, a quien el Gobierno redujo en un año vía indulto la condena de tres años de cárcel que había recibido en 2011 por unas obras realizadas en su casa, en un espacio protegido de Gran Canaria.
En el indulto de este empresario grancanario, el decreto llevaba esta coletilla: “A condición de que proceda a la demolición de las obras ilegalmente construidas” (BOE del 21 de noviembre de 2013).
Fuentes judiciales consultadas por Efe han remarcado que Josefa Hernández sigue obligada a derribar las obras ilegales de su vivienda, porque el indulto no alcanza a esa parte de la condena.
Sin embargo, también admiten que ahora podría interpretarse que está libre del plazo de seis meses que le estableció la semana pasada la Audiencia. El indulto ha borrado su condena de prisión.
Eso sí, Hernández está obligada a derribar su vivienda y más aún si se lo requiere el Juzgado que tiene que ejecutar su sentencia. Y desobedecer su mandato supondría cometer un nuevo delito y exponerse, con ello, a perder el indulto y regresar a prisión.
La familia Hernández tiene previsto recibir este lunes (13.00 horas en Canarias) a representantes políticos y técnicos del Cabildo de Fuerteventura y del Ayuntamiento de Betancuria, que van a estudiar precisamente de qué manera se puede acometer el derribo sin afectar a la parte de la vivienda no afectada por la sentencia.