El Observatorio de la Dependencia señala que la “sorprendente” incorporación en Canarias de casi 9.000 ayudas a domicilio en enero de 2015 ha permitido que las islas abandonen el último lugar en la gestión de la atención de la Dependencia en España.
El informe, en el que se analiza la evolución de los datos básicos de la gestión de la dependencia desde el 1 de julio de 2014 hasta el 30 de junio de este año, señala que hasta que no se aclare cuál ha sido el mecanismo real de dicha incorporación de dependientes a las atenciones “es aventurado realizar valoraciones”.
Según los datos, las personas atendidas en julio de 2014 fue de 12.085 mientras que en junio de este año fue de 22.433, lo que supone un incremento en la atención de 85,63%.
En julio de 2014 el número de personas desatendidas era de 12.082 mientras que este año el número se ha reducido hasta 2.121 y los pendientes de valoración han pasado de 10.262 casos en 2014 a 6.350 en junio de 2015.
Las solicitudes de personas que requerían alguna ayuda de dependencia en julio de 2014 ascendían a 40.617 y en junio de este año a 41.228, con una diferencia anual de 1,50%, mientras que las valoraciones aumentaron este año un 14,9% (34.878) con respecto a junio de 2014 (30.355).
De acuerdo con este informe, el crecimiento neto por tipo de atención ha sido de 10.973, y en este parámetro destaca la ayuda a domicilio (8.603); centros de día (887); residencias (708), prestaciones económicas vinculadas al servicio (877) y teleasistencia (11) mientras que las ayudas se redujeron en prevención (-5).
En cuanto a la financiación, el informe del Observatorio de la Dependencia indica el coste global estimado del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en 2014 fue de 113.570.326,38 euros, de los que un 61,8% fue aportado por la Comunidad Autónoma, un 16,1 por copago y un 22,1 por el Estado.
El gasto público por habitante fue en 2014 de 39,40 euros en Canarias.
A nivel nacional casi cuatro de cada diez dependientes -el 37 %- están esperando prestaciones o servicios a los que tienen derecho, y tras ocho años y medio de aplicación de la ley de dependencia concluye su implantación con la incorporación al sistema de estos dependientes de Grado I, que elevan a 445.264 los beneficiarios que todavía no reciben ninguna atención.
El informe del Observatorio, elaborado por Asociación Estatal de Directores de Servicios Sociales, recuerda que desde 2012 más de 100.000 personas han fallecido mientras esperaban que se les aplicara la ley.
Esta asociación denuncia que la implantación de la ley por comunidades autónomas ha sido desigual y plantea la necesidad de aprobar un pacto de Estado “que replantee el modelo de financiación autonómica” del sistema.
Castilla y León, Cantabria y País Vasco se sitúan a la cabeza de las regiones con mayor porcentaje de personas atendidas sobre el total de la población, mientras que Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias están a la cola.
Respecto a la lista de espera, Aragón, Galicia y Andalucía son las regiones con más personas pendientes de atención, mientras que Castilla y León, Ceuta y Melilla y Madrid, las que menos.
Con los datos del Sistema de Información del Imserso a 30 de junio, el dictamen recuerda que hay 1.191.406 personas en situación de dependencia reconocida, es decir 25 de cada mil españoles necesitan apoyo para realizar las actividades básicas de la vida diaria en mayor o en menor medida.
En concreto, 411.235 personas tienen Grado I (dependencia moderada), 435.130 son de Grado II (dependencia severa) y 345.041 de Grado III (gran dependencia).