Los representantes de las asociaciones de internautas han rechazado este sábado por unanimidad la disposición del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible según la cual el Gobierno establece un control judicial para el cierre de las páginas web que vulneren los derechos de autor. Por ello, han establecido un plan de acción mediante grupos de trabajo para contestar esta medida y hacer presión para la elaboración de una ley orgánica.
Así lo acordaron en la reunión que mantuvieron en Madrid los representantes de las asociaciones de internautas, que han manifestado la “preocupación” que siente este colectivo por esta disposición normativa, según explicó a Europa Press la coordinadora de Mujeres en Red, Montse Boix.
De este modo, y ante la unanimidad a la que han llegado en la reunión, el colectivo de usuarios de internet ha decidido poner en marcha un plan de acción contra esta medida y más aún teniendo en cuenta la presidencia española de la UE que acaba de comenzar, ya que consideran que las decisiones que se tomen en nuestro país “tienen más repercusión”.
También denuncian que la disposición incluida en el anteproyecto de ley, que contempla el cierre o bloqueo de páginas de descargas ilegales, se ha elaborado “sin contar con la sociedad civil”, por lo que pidieron que algo que va a afectar a los ciudadanos se lleve a debate.
Para los internautas, la disposición normativa anunciada por el Gobierno es un “apaño” y un “atajo” que, a su juicio, afecta a derechos fundamentales, pues “espiar comunicaciones electrónicas o decidir si hay que cerrar o no una página web, tiene que ir bajo la regulación de una ley orgánica, cuanto menos”.
Así pues, Boix explicó que la reunión tiene como objetivo definir unas líneas de actuación y establecer los diferentes frentes en los que actuarán estos colectivos, que en los próximos días anunciarán sus próximas acciones. El servicio jurídico de estas asociaciones también revisará el proyecto la semana que viene, ya que por ahora no disponen del texto íntegro, que se publicará el lunes o el martes.
El Consejo de Ministros aprobó el viernes remitir a los órganos consultivos (Poder Judicial y Consejo de Estado) el anteproyecto de ley según el cual se crearía la Comisión de Propiedad Intelectual, que podría remitir a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional las denuncias recibidas contra páginas de descargas ilegales. Estas páginas podrían ser bloqueadas o cerradas por orden de un juez una vez oídas las partes implicadas.