Intersindical Canaria, uno de los principales sindicatos de las Islas, ha reclamado un referéndum que permita determinar Monarquía o República mediante un proceso constituyente que recoja “las legítimas aspiraciones de los pueblos y mayoría social del estado, que desemboque en la ruptura definitiva con el post-franquismo colocando la decisión sobre la forma de estado en manos del pueblo”. En un comunicado, añade que este proceso debe fraguar en la elaboración de una nueva constitución “que no bloquee las aspiraciones de soberanía de las naciones sometidas por el estado español”.
Además, el sindicato reclama al Gobierno de España que ponga todos sus recursos “para esclarecer los delitos de las personas pertenecientes a la casa real y que sean llevados ante los tribunales, garantizando así el principio de igualdad ante la ley de toda la ciudadanía”. Además, exige “que sean indultadas de forma inmediata todas las personas que han sido condenadas por supuestas injurias a la Corona, como los raperos Pablo Hasel o Valtonic, así como de todos y todas las presas políticas”.
El sindicato hace esta propuesta trayendo a colación que la actual monarquía parlamentaria del Estado español fue “impuesta por el dictador Francisco Franco para posibilitar el continuismo político conocido como régimen del 78, frente a las aspiraciones de millones de personas en los distintos territorios que querían la apertura de un periodo constituyente que desembocara en una república popular”. Con este modelo, a su juicio, se facilitaría “la mejora de las condiciones de vida de los distintos pueblos del estado y su clase trabajadora, así como el legítimo derecho de los mismos a su libre autodeterminación”.
Intersindical Canaria considera que tras los “escándalos relacionados con la casa real borbónica”, que desembocó en la marcha de Juan Carlos I del territorio nacional, la historia ha demostrado que “lo que se vendió como el gran éxito de la democracia, la famosa transición española, no ha sido sino un fraude más de los históricamente cometidos por las distintas casas reales españolas”.
En paralelo añade que desde 1978 se ha consolidado una “continuidad de la explotación capitalista”, se ha mantenido a “los cuerpos represivos del franquismo sin ningún tipo de depuración ni procesamientos a quienes habían cometido crímenes contra el pueblo” y se ha establecido “una constitución que cierra la cuestión territorial sin otorgar derechos reales a las distintas naciones”.
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