La lista de espera en dependencia se dispara en Canarias con casi 12.000 personas con el derecho reconocido y sin prestación

La lista de espera en dependencia no deja de crecer en Canarias, donde actualmente hay 11.799 personas con el derecho reconocido pero que siguen a la espera de la prestación. La mayoría de ellas (11.141) llevan esperando más de seis meses después de haber obtenido el reconocimiento. El archipiélago, de hecho, es una de las comunidades donde más se espera con 549 días que pasan desde que se presenta la solicitud hasta la resolución. 

Según los últimos datos publicados por el IMSERSO, en Canarias se han recibido 76.190 solicitudes de dependencia. De ellas, se han valorado 65.199 personas y se ha dictaminado que 57.929 tienen derecho a recibir esta ayuda. Actualmente, reciben la prestación en Canarias 46.130, pero hay 11.799 que pese a tener el derecho reconocido siguen esperando, una cifra que se ha disparado desde diciembre, cuando había 7.478 personas en esa lista de espera, es decir, con el derecho reconocido y sin la ayuda efectiva. En total, ese llamado limbo de la dependencia ha crecido en 4.321 personas en tres meses. Un año antes, en diciembre de 2023 había 5.826 personas en dicho limbo. 

9.012 prestaciones menos

La cifra contrasta con que a finales del año pasado, la Consejería de Bienestar Social anunció que se habían incrementado en un un 35,3% el número de prestaciones por dependencia en el último año. Entonces, el área que dirige Candelaria Delgado señaló que se concedían 62.165 prestaciones, lejos de las 53.152 que aparecen en los datos del IMSERSO en la actualidad. La senadora Marta Arocha (PSOE) había advertido hace unos días que son 9.012 prestaciones menos con respecto a diciembre y que “no hay forma de dulcificar ese dato”.

Además, si se atiende a los datos de marzo, se han dado de alta 751 nuevas solicitudes, pero se han producido 748 bajas, la mayoría por fallecimiento. Además, se han resuelto 634 nuevos Programas de Atención Individualizada (PIA) y se han dado de baja 452, lo que supone solo 182 nuevas altas. 

En Canarias además hay un total de 6.417 personas que aún siguen esperando por la resolución de grado sin motivo de exclusión. Si se suma ese dato al de personas esperando pese a tener el derecho reconocido, arroja un total de 17.558 las que se encuentran en la lista de espera total de dependencia (las que ya tienen el grado reconocido y siguen esperando y las que aún no han sido valoradas). 

Mayores de 80 años en lista de espera

De las solicitudes registradas para obtener este derecho, en la mayoría de casos se trata de personas mayores de 80 años (32.147) con lo cual son personas que no pueden soportar esperas tan largas. Un 71% de las solicitantes de ese rango de edad son mujeres. 

En cuanto a las resoluciones de grado, la mayor parte de las personas reconocidas con el derecho a la ayuda a la dependencia obtuvieron el grado II (20.553; un 31.53% de ellas). Además, la ayuda a la dependencia solo llega a un 17% de la población potencialmente dependiente en las Islas. 

Por tipo de prestaciones, 21.342 (el 40,15%) perciben una prestación para el cuidado en el entorno familiar. A ello le siguen en un 29,77% de los casos (15826) aquellas personas que tienen una prestación vinculada al servicio. 

El 10,23% de las personas beneficiarias (5.439) están en un centro de día o noche y a ellas le siguen con un 8,77% las que están en atención residencial (4.661). Bastante más lejos, se sitúa la prestación de teleasistencia (2.497 personas, lo que supone un 4,70%), la prevención en autonomía personal (1.696 personas, un 3,1%) y la ayuda a domicilio (1.691, lo que supone un 3,18%). 

Un polémico decreto

Los datos de marzo se conocen en un contexto en el que se acaba de aprobar un polémico decreto de ayuda a la dependencia, al que se han opuesto los colegios de Trabajo Social, el personal técnico de la propia Consejería y partidos políticos. La principal novedad es que se pasa de un modelo bifásico a otro monofásico, con lo que se pretende acortar los plazos de tramitación de la ayuda. 

Recientemente, el Consejo Consultivo ha advertido sobre la “colaboración privada” que sugiere ese texto presentado por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.  En este sentido, el órgano recuerda que la ley de dependencia dice que “los servicios de valoración de la situación de dependencia, la prescripción de servicios y prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas previstas en la presente Ley, se efectuarán directamente por las Administraciones Públicas no pudiendo ser objeto de delegación, contratación o concierto con entidades privadas”.

El Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife advirtió el pasado año sobre las consecuencias del decreto de Dependencia y reprochó que el texto “parece olvidar que la elaboración adecuada de las valoraciones y los PIA depende de una evaluación precisa y detallada, lo cual requiere suficiente tiempo y recursos”. “No todo vale para acortar plazos”, señaló por su parte el colegio de Las Palmas.

La trabajadora social y portavoz de Intersindical Canaria Yolanda Cívicos señaló a este periódico que no se opone a que se pase a un modelo monofásico, pero sí pide que se realice con garantías. Por ejemplo, señala que hay comunidades donde la valoración la realizan dos personas. “Lo ideal es que vaya un profesional con la visión social y otro con la visión sanitaria, que el trabajador social que vaya, pues elabore el informe social y no un informe del entorno como ellos hablan”, afirmó. 

“Este nuevo decreto no aborda los problemas estructurales que arrastra el sistema de atención a la dependencia en Canarias. Todos sabemos cuál es el núcleo del problema: una insuficiente dotación presupuestaria, la escasez de personal estructural, más de una década de mala gestión en el área y el rotundo fracaso de dos Planes de Infraestructura Sociosanitaria”, incide Cívicos.