“La sanidad es un derecho, no un negocio”. Este fue unos de los cánticos que se escucharon en la manifestación celebrada este jueves en Las Palmas de Gran Canaria en protesta por el “deterioro” del sistema de salud. Cientos de personas - 1.000 asistentes según los organizadores y entre 250 y 300 según fuentes policiales- se reunieron en la Plaza de las Ranas de la capital para continuar el trayecto hasta la Plaza de la Feria.
Los manifestantes, bajo el lema “La sanidad pública es garantía. Servicios públicos para ti y para todos”, denuncian el continuado hacinamiento y colapso de urgencias, los procesos de privatización, la falta de personal y de recursos materiales, las interminables listas de espera o la falta de centros socio-sanitarios para las personas mayores.
Ruth Moreno se ha querido unir como usuaria a la protesta para reivindicar una mejora del servicio público de sanidad. Se define como “una paciente impaciente” pues tuvo que soportar más de tres años y medio para poder ser intervenida quirúrjicamente. El mes pasado la operaron de la vesícula y de reducción de estómago después de derivarla a un hospital concertado porque “estamos en época de elecciones”, según le confesaron en el centro. Esta demora le ha supuesto a Ruth un riesgo alto de ser diabética y lesiones en la vesícula.
“Las esperas pueden derivar en una mayor mortalidad”, confiesa Juan Ramón Martínez, médico de urgencias del Centro de Salud de Tamaraceite. Martínez detalla las consecuencias que han golpeado al sistema sanitario y por tanto a los usuarios: 8 días de espera para acudir al médico de cabecera, 2 y 3 meses para realizar una prueba y hasta 6 para tener cita con el especialista. “Nos han quitado hasta medicamentos y a veces, tristemente, no hemos tenido ni mantas para tapar a los pacientes”.
Durante la marcha, convocada por los sindicatos CEMSATE, UGT, CCOO, Sindicato Médico y de Enfermería, Intersindical Canaria y Sepca, se corearon cánticos como “materiales suficientes para los pacientes”, “hay que rescatar la sanidad”, “urgencias colapsada y el dinero para las privadas” y se escucharon gritos contra la consejera de Sanidad, Brígida Mendonza.
Paqui Santana es otra paciente descontenta con la deriva que ha tomado el servicio de salud en el Archipiélago. Tuvo que esperar más de año para ser operada de un glaucoma en el ojo que casi la “deja ciega” y por el que se vio obligada a acudir a la sanidad privada. Esta tarde se ha sumado a las cientos de voces que reclaman la mejora del sistema.
La mayoría de los sanitarios apuntan como responsable de esta situación a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, como Tomás Doreste, pediatra en el Centro de Salud de Santa Lucía. Se muestra tajante ante quien considera que debe revertir la problemática: “Quien lo sabe y no hace nada, es responsable”.
Los sindicatos exigen verdadero compromiso
Luis Brito, secretario de organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias, les exige a los políticos un “verdadero compromiso para conseguir una sanidad pública y calidad”. Brito recuerda que en el Insular se ha roto el acuerdo alcanzado con la Consejería ya que después de dos semanas de firmar el pacto el área de transición para descongestionar las urgencias aún no se ha abierto.
A la concentración acudió un grupo de vecinos de Santa Lucía que, con la pancarta “Señora Consejera: Basta de engaños. ¡Apertura ya!”, denuncia el cierre del Centro de Salud de Vecindario. Pino Sánchez, consejera de Salud Pública del Ayuntamiento del municipio, subraya que el Gobierno de Canarias les prometió una partida presupuestaria que nunca llegó. La asistencia sanitaria se ha derivado al centro de El Doctoral, que está soportado en la actualidad 70.000 cartillas cuando solo está capacitado para 20.000 o 30.000. Esto provoca, según la concejala, largas listas de espera o que el servicio de pediatría comparta sala con rayos X: “Es un caos organizativo”, señala.