Maribel Oñate, ex concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y actual diputada en el parlamento canario por el PP, testificó este martes en calidad de testigo en el juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife en relación al posible caso de acoso laboral sufrido por una funcionaria de carrera en el Centro Municipal de la Mujer.
Oñate y su sucesora en el área de la Mujer, Ángela Mena, han sido acusadas por el abogado José Pérez Ventura de mobbing, tráfico de influencias y prevaricación. Oñate era responsable del área de la mujer en 2006, cuando la afectada accedió a su plaza, lo que supuso que la interina que ocupaba ese puesto tuviese que marcharse. La ex concejal firmó el 18 de octubre de ese año un acta del Pleno municipal de la Mujer, en el que se calificaba de “un gravísimo trastorno para la Concejalía y para el Consejo”, la incorporación de la funcionaria de carrera porque conllevaba la marcha de la interina.
Tanto trastorno que un mes después de que la funcionaria ocupase su plaza se creó otra “paralela” para la interina desplazada, que, según la acusación particular, adquirió poder y gran parte de las funciones que correspondían a la denunciante a raíz de que la Concejalía pasase a manos de Ángela Mena en 2007.
Maribel Oñate, sin embargo, insistió este jueves ante la juez María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres que ella simplemente firmó el acta, pero esa opinión era la expresada por la secretaria del Consejo de la Mujer, “no la mía”. También indicó que dio órdenes para que se respetase el trabajo de la afectada, lo que respalda la propia denunciante.
Exculpó a Llanos
En su declaración, que apenas duró media hora, la ex concejal opinó que los problemas de la funcionaria afectada comenzaron en 2007, cuando ella ya tenía otros cometidos en el consistorio y que fue en 2009 cuando se le intentó desplazar a una comisión de Educación y Juventud inexistente.
Asimismo exculpó a Ángel Llanos, que firmó el decreto de traslado, por lo que la Fiscalía le ha imputado un delito de presunta prevaricación, porque en su opinión no podía hacer otra cosa.
Antes que Oñate declaró Pedro Ramos Izquierdo, que en 2009 era jefe del Departamento de Coordinación y Gestión de Recursos del Ayuntamiento. Ramos fue uno de los cuatro técnicos que avalaron el decreto por el que se pedía el traslado de la funcionaria de carrera fuera de su plaza en derecho.
Según el abogado de la acusación particular, Ramos fue “claro y contundente” en su testifical. A la pregunta de la juez de si creía que la denunciante había sido víctima de una acoso laboral, el técnico respondió, “sí, sin duda”.
Este testigo recalcó que su jefe era el coordinador general, un cargo de confianza del ex alcalde Miguel Zerolo, Enrique Núñez Ruano, también de CC. Fue de él de quien le llegó el decreto de traslado para que lo firmase. Ramos además, dijo que advirtió a su superior de que a la denunciante se le debían devolver sus funciones, sobre todo tras la sentencia del juzgado de lo Contencioso 4 de Santa Cruz de Tenerife, por la que el decreto fue anulado, y en la que el magistrado afirmaba que lo ocurrido con esta trabajadora es un “claro trato discriminatorio”.
La funcionaria se quedó en su plaza, pero sigue sin funciones,
Innova
En las declaraciones de este jueves ha salido a relucir Innova, una de las tres empresas (las tres con los mismos gestores) a la que supuestamente favoreció Ángela Mena con contratos fraccionados para eludir el concurso público, lo que le ha valido a la actual concejal de Viviendas y Juventud una denuncia de la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación continuada, causa que se instruye en otro juzgado.
Pérez Ventura sostiene que “los testigos apuntan a que uno de los motivos por lo que se acosado a mi representada es que se negó a firmar un informe favorable a un contrato a Innova. Esta sería la clave”.
El abogado añadió que, tras la toma de declaraciones de esta semana y la de la semana pasada, “cada vez está más claro quien es la responsable, Ángela Mena. Eso dicen los testigos”.