Más de la mitad de las personas que se suicidan en Gran Canaria no habían recibido atención pública por salud mental

Para Sara Rivero, médica residente del Servicio de Psiquiatría del Hospital Insular de Gran Canaria, “el 100% de los casos de suicidio se puede prevenir”. Y como ella opinan decenas de expertas en el sector, quienes reconocen que la ideación suicida es un fenómeno complejo, multifactorial y que va más allá de los problemas individuales, pero que existen las estrategias para combatirlo. El problema es que, en la mayoría de los casos, esa ayuda profesional nunca llega.

Una investigación recientemente publicada en la Revista Española de Medicina Legal ha constatado que más de la mitad de las personas que se suicidaron en Gran Canaria entre 2017 y 2022 (un 59,6%) no recibieron atención especializada por la Red de Salud Mental de la isla. Las autoras del estudio analizaron las averiguaciones de los informes de autopsia del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria notificadas como “muerte violenta de etiología suicida”. Y luego cotejaron esos datos con los de los pacientes que habían sido atendidos por las Unidades de Salud Mental Comunitarias (USMC) y por el Servicio de Psiquiatría del Hospital Doctor Negrín, de referencia en la zona norte, y del Hospital Insular Materno-Infantil, en la sur.

Los resultados del trabajo no solo revelan el porcentaje de personas que carecieron de ayuda profesional, sino también los diagnósticos más frecuentes entre quienes sí lo hicieron, los factores de riesgo, si habían sido hospitalizadas o no y si estaban en curso de un tratamiento farmacológico. Las firmantes del artículo no han podido evaluar el seguimiento en atención primaria, donde muchos pacientes acuden en primer lugar antes de ser derivados. Pero concluyen que, después de todo lo expuesto, es necesario establecer más medidas de prevención a nivel primario y especializado, sobre todo tras haber registrado “un gran incremento de patologías psiquiátricas en los últimos años”, lamenta la primera autora de la publicación y médica general, Mercedes López de Lamela.

El objetivo de la investigación, en palabras de López de Lamela, es, por un lado, desvelar las características de las personas que sí fueron atendidas para examinar “la eficacia de los recursos y tratamientos efectuados” y hacer posteriormente un análisis crítico en favor de posibles cambios en la demanda asistencial. Y, por otro, promover medidas “tendentes a una mayor concienciación social”, así como “eliminar los prejuicios y tabúes que acompañan al fenómeno del suicidio”.

El análisis temporal de los casos analizados expone que, a diferencia del rango autonómico, las muertes por suicidio están descendiendo en Gran Canaria. Hubo 105 en 2017, 103 en 2018, 122 en 2019, 80 en 2020, 85 en 2021 y 56 en 2022. Sin embargo, el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) muestra una tendencia diferente, alcista, con más suicidios en los últimos cursos. La diferencia podría estar, reflexiona la primera firmante del estudio, en que el ISTAC recoge las muertes de personas con residencia en Canarias, estén viviendo o no en el Archipiélago, así que parece evidente que, dentro de la estadística, hay un porcentaje importante de ciudadanos residentes en las Islas que emigraron y se suicidaron en otro lugar, por lo que la lejanía “podría ser un favorecedor del desencadenamiento del acto suicida”. Aunque esa es una hipótesis aún por contrastar.

Después de analizar a cerca de 500 fallecidos, el trabajo concluye que la mayoría eran hombres (76,9%), con una media de edad para ambos sexos de 53 años. El porqué ellos se suicidan más que ellas, hasta tres veces más, al igual que ocurre a nivel nacional, puede deberse a que los intentos suicidas son más letales y las decisiones en este sentido más decididas, explicaron especialistas a elDiario.es. De hecho, la muestra en Gran Canaria delata que los métodos más utilizados por los hombres son el ahorcamiento (55,1%) y la precipitación (26,6%), mientras que en las mujeres resultan ser la precipitación (45,6%), el ahorcamiento (28,1%) y la intoxicación (20,2%).

Por otro lado, los diagnósticos más frecuentes entre los casos examinados son, por orden de frecuencia, los trastornos afectivos monopolares (23,1%), otros trastornos de la personalidad específicos (11%), ansiedad (8,8%), esquizofrenia (8,8%), trastornos relacionados con el consumo de sustancias (6,6%), bipolaridad (3,8%) y trastorno límite de la personalidad (2,2%). En un pequeño porcentaje (8,8%) no quedó establecido ningún diagnóstico y el resto (26,9%) pertenece a enfermedades “menos frecuentes”, como los trastornos de conversión, adaptativos o el obsesivo-compulsivo.

López de Lamela resalta la importancia de conocer esta información porque las USMC “solo atienden a pacientes con lo que se conoce como Trastorno Mental Grave”, que abarca principalmente, continúa, “los diagnósticos de esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos psicóticos, obsesivo-compulsivo y depresión grave”, entre otros. Pero aquellos englobados como Psicología Psiquiátrica Leve, es decir, “trastornos de ansiedad, adaptativos o depresiones leves o moderadas” suelen ser atendidos por los médicos de Atención Primaria.

La diferencia entre ambos departamentos es relevante. En Gran Canaria, de acuerdo con el último Plan de Salud Mental de Canarias, aprobado para el cuatrienio de 2019 a 2023, hay ocho USMC, con 30 psiquiatras y 29 psicólogos en total. Este periódico ha pedido datos actualizados a la Consejería de Sanidad del Gobierno canario, pero hasta el momento de la publicación de este artículo, no ha habido respuesta. Por lo tanto, la ratio, con las cifras mencionadas en la mano, señala que la isla redonda cuenta con un profesional público en este ámbito (psicología o psiquiatría) por cada 14.400 habitantes, similar al valor autonómico. Con respecto a los datos de Atención Primaria es más complejo, porque no hay un documento que los especifique y, por ahora, tan solo la Estrategia Integral de Atención Primaria y Comunitaria de la Comunidad Autónoma ha detallado la incorporación de cinco psicólogos entre 2019 y 2021, 20 en 2022 y otros 20 en 2023, sin especificar la isla.

La escasez de profesionales en el sector es una de las causas que explica por qué muchas personas se suicidan sin recibir antes atención profesional. “Necesitamos más datos, pero es verdad que sufrimos un déficit y que todo lo que sea mejorar la capacidad asistencial de los pacientes en general, no solo en salud mental, sino en el ámbito sanitario en su conjunto, tiene repercusión”, apunta Sara Rivero, del Hospital Insular de Gran Canaria y también autora de la investigación. De acuerdo con el estudio Psicología Clínica infanto-juvenil en el Sistema Nacional de Salud: datos, insuficiencias y horizontes para mejorar, publicado en la revista Clínica Contemporánea, en el Archipiélago están empleados alrededor de 17 psicólogos públicos que trabajan con infancia y adolescencia, una ratio de 2,08 por cada 100.000 menores, la más baja de todo el país.

“Ahora está comenzando a implantarse el servicio [de atención psicológica] en Atención Primaria, pero solo en algunos centros de salud y, aun así, sigue sin suplir la gran demanda existente”, dice López de Lamela. Además, prosigue, los centros están “bastante saturados” y, con el “poco tiempo del que disponen por paciente, resulta complicado poder tratar adecuadamente” a los mismos.

El trabajo que firman López de Lamela, Rivero y otros tres autores concluye que el 24,3% de las personas que se suicidaron en Gran Canaria entre 2017 y 2022 consumía benzodiacepinas, un medicamento con efectos sedantes, el 8,7% hacía lo mismo con antidepresivos y el 4,1% tomaba opioides. La mayoría de los pacientes atendidos por las USMC (81,8%) recibía un tratamiento farmacológico, algo que no frenó el suicidio porque este es solo una pata de la prevención, en la que también debe haber “intervención en el núcleo familiar y actuación de los servicios sociales en muchas ocasiones”, recalca López de Lamela.

Los datos del consumo de sustancias, por otro lado, no sorprenden. Canarias lleva tiempo liderando a nivel nacional las tasas de admisión a tratamiento, esto es, personas admitidas a tratamiento ambulatorio por abuso o dependencia de una sustancia psicoactiva, según el Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías. En 2019, de acuerdo con el último informe epidemiológico sobre la conducta suicida en el Archipiélago, la tasa en las Islas era de 154,9 casos por cada 100.000 habitantes; la medida estatal está casi 50 puntos por debajo, en 106.

Rivero explica que en la prevención de la conducta suicida interviene más de un factor. Antes de la consulta médica, sea del tipo que sea, la especialista considera que una buena estrategia pasa “por tener acceso a una vivienda, a sanidad, a una vida digna… A tener las necesidades básicas cubiertas”, básicamente. “Cómo vivimos nuestras vidas y en qué condiciones lo hacemos tiene repercusión en nosotros. Y eso es algo que no podemos obviar. Cuando una persona es atendida con un malestar importante o una ideación autolítica, pues las medidas son otras. Pero en este tipo de conductas confluyen muchos factores. Está lo social, lo médico, la salud mental…”, enumera.

Los resultados del estudio muestran que un 19,9% de la muestra fue atendida en urgencias psiquiátricas, pero que solo un 10,3% de la misma terminó hospitalizada. Además, detalla que fueron encontrados tóxicos en un 72,2% de los fallecidos y que un 22,1% tenía antecedentes de intentos suicidas previos, siendo este porcentaje mayor dentro de la población femenina que masculina (32,5% frente a 19%). La investigación también precisa que la mayoría de los ingresos hospitalarios (y de los intentos suicidas) se produjo entre la población que recibía previamente atención por parte de la USMC y que la media del tiempo transcurrido entre la fecha del alta y del fallecimiento es de 15,2 meses, mientras que en urgencias ese periodo es inferior, de 5,2 meses. Ambos espacios de tiempo son mayores que los sugeridos por otros estudios, según las autoras.

Las conclusiones de la publicación exponen, como era de esperar, la necesidad de reforzar el sistema de prevención en todos los niveles. Para López de Lamela, “sería interesante crear unidades especializadas en el suicidio, con un equipo multidisciplinar capaz de realizar un seguimiento más estrecho de los pacientes con mayor riesgo”. Rivero coincide y pide “un abordaje más integral”, ya que “todo pasa por que mejoren las condiciones, tanto en la vida cotidiana como del sistema sanitario”. Por último, López de Lamela también invita a la reflexión.

“La enfermedad mental todavía lleva aparejada consigo un alto estigma social sobre el que debemos trabajar. Nos sentimos vulnerables, nos da vergüenza, que debemos mostrar que estamos bien… Pero no, todos somos seres humanos, y el malestar emocional es parte de la vida. No hay nada más valiente que reconocer que nos encontramos mal y buscar ayuda”, remacha.