Si hay un anteproyecto que está generando reacciones entre la ciudadanía y profesionales de distintos ámbitos es la futura ley canaria de alquiler vacacional. La vivienda se ha convertido en un bien preciado y poco accesible en las Islas, donde se han disparado los precios, una cuestión que ha centrado parte de las reivindicaciones de la movilización social que recorrió el Archipiélago el pasado 20 de abril. “Vivienda vacacional, esto no es turismo” o “¿Dónde vamos a vivir nosotros?” son algunas de las pancartas que marcharon en esa jornada de protesta. La pasada semana finalizó el período de alegaciones y se recibieron un total de 2.987. Según dijo la propia consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León (PP), un 10% de ellas plantea que la norma es “insuficiente”.
Entre las casi 3.000 alegaciones destacan aquellas que reclaman una “moratoria que prohíba la tramitación y autorización de nuevas licencias hasta la aprobación de la ley de forma definitiva”. De hecho, desde el anuncio de esta futura norma, se ha conseguido el efecto contrario y se han disparado sus inscripciones en un 40%. Entre junio de 2023 y el 17 abril de 2024, Canarias sumó 15.319 alquileres turísticos, una media de 50,22 nuevas licencias al día. Una medida que contrasta con las más recientes, pues entre el 5 de abril y el 2 de mayo de este año se registraron1.890; 70 por día.
Las asociaciones que engloban el movimiento Canarias tiene un límite parten de que “la vivienda es un derecho y la vivienda vacacional no es un fenómeno que se pueda aislar del contexto social, económico y territorial”. Por ello, alegan que “la actual normativa sólo permite darse de alta para la Vivienda Vacacional con una declaración responsable y no hay suficiente número de inspectores turísticos para hacer inspecciones. La ley no establece mecanismos de control ni prevé la contratación de inspecciones para garantizar el cumplimiento”. “No hay previstas sanciones para los propietarios de viviendas vacacionales que sigan operando incumpliendo los requisitos establecidos, sin pérdida de la licencia”, añaden.
“Es una normativa laxa y con unos estándares menores que los que exige la normativa de ordenación turística, por lo que la problemática no ha hecho más que agravarse y dar pie a la especulación inmobiliaria, la gentrificación y turistificación de las zonas residenciales, la escasez y encarecimiento de la vivienda y la consiguiente expulsión de la población de sus espacios, teniendo en Canarias una emergencia habitacional”, inciden los colectivos alrededor de Canarias tiene un límite, entre los que se encuentran Ben Magec-Ecologistas en Acción, Guanarteme se mueve, Las Kellys Gran Canaria, Salvar Agaete, Regulación Ya o la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, entre muchas otras.
Por ello, en esas alegaciones se solicita “realizar estudios para catalogar y controlar el número real de viviendas vacacionales que hay en Canarias, regladas y no regladas”, “justificar con estudios de capacidad de carga y sostenibilidad de los posibles porcentajes que se establezcan y no arbitrariamente” o “que el porcentaje de viviendas vacacionales implantadas vaya vinculado al número de viviendas construidas y habitables y no al número de viviendas planeadas.
Sobre la moratoria, inciden en que sea para todo tipo de alojamiento turístico y que las plazas ofertadas por las viviendas vacacionales sean contabilizadas conjuntamente con el resto de plazas turística de las islas, estableciendo un techo de camas en cada isla. Insisten también en “proteger” el suelo residencial y “ajustar los plazos a dos años para el cumplimiento de los requisitos para las viviendas vacacionales para garantizar que estas no sigan contribuyendo negativamente a la crisis habitacional”.
El límite del 10% establecido por el Gobierno de Canarias en su anteproyecto también ha sido cuestionado. Se plantea, por ejemplo, determinar el procedimiento de cómo se reducirán los excesos en aquellos municipios que ya superan el límite máximo establecido.
Los colectivos piden aumentar las exigencias a aquellas viviendas vacacionales existentes con al menos la conexión a la red de alcantarillado municipal, así como implementar el control de consumo de agua y contadores individuales en el abastecimiento de estas viviendas. En este sentido, solicitan regular sobre otras cuestiones que ejercen presión sobre el local: aparcamiento, uso de espacios naturales protegidos, ruido, etc.
También reclaman la inclusión de un régimen sancionador “claro y efectivo” para garantizar el cumplimiento de la normativa; la aplicación de una tasa o impuesto específico para este tipo de actividad y cuestionar el agravio comparativo implícito en la disposición transitoria tercera y solicitar un trato equitativo para todos los propietarios de viviendas en el mercado de alquiler de larga duración.
Las alegaciones del propio sector
El anteproyecto de ley no termina de contentar a ninguna de las partes. No solo los colectivos que impulsaron las manifestaciones del 20 de abril o expertos de distintos ámbitos han presentado alegaciones, sino que el propio sector lo ha hecho, pero por motivos diferenciados ya que creen que las medidas ahogarán a los pequeños propietarios.
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha presentado un total de catorce medidas entre las que se encuentran una moratoria temporal al alta de nuevas viviendas vacaciones y una “ecotasa” que repercuta en “solventar el problema” de la vivienda, entre otros puntos.
Ascav también ha propuesto que el Gobierno de Canarias impulse un incentivo para favorecer el aumento de viviendas en alquiler residencial para quienes deseen cambiar de alquiler vacacional a residencial y para insertar en el mercado las 211.000 viviendas vacías que hay en Canarias.