La investigación abierta por el caso Valka, por una supuesta trama de corrupción urbanística en Las Palmas de Gran Canaria ha encendido a la oposición en el ayuntamiento capitalino. El PP ha anunciado que va a personarse en la causa y ha exigido explicaciones a la alcaldesa, la socialista Carolina Darias (en el puesto desde junio del pasado año). Este miércoles, en un acto la regidora señaló que el consistorio está dispuesto a colaborar con la Justicia, pero recordó que las informaciones que hasta ahora se han publicado sobre el caso apuntan a irregularidades que se habrían producido desde principios de los años 2000.
“He escuchado a la oposición decir que comparezca para hablar, ¿y de qué de qué hablo, de qué época?”, se ha preguntado la alcaldesa, “porque desde principios del año 2000, hay alcaldías de todo signo y de todo color, ¿de cuál de ellas hablo?”, insistió la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria.
Según confirmaron a EFE fuentes de la Fiscalía, la operación Valka es una pieza separada en el caso de las permutas de Tamaraceite Sur. En el curso de la investigación de la Fiscalía delegada de Medio Ambiente y Urbanismo tras una denuncia ciudadana (de la plataforma Rehoyas Avanza), han surgido “hechos nuevos” que han terminado en la apertura de una pieza separada. Este jueves el periódico La Provincia recoge que en esa denuncia se hace referencia a actuaciones aparentemente fraudulentas que van desde 2002 hasta 2021.
Desde el año 2002 hasta la actualidad han estado en la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria: José Manuel Soria (1995-2003), Josefa Luzardo (2003-2007); ambos del PP. El socialista Jerónimo Saavedra (2007-2011), el popular Juan José Cardona (2011-2015) y el socialista Augusto Hidalgo (2015-2023). En la actualidad, ocupa el cargo Carolina Darias.
El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez insiste en que es “sorprendente” que el grupo de gobierno no haya tomado cartas en el asunto, pues según él, “tienen constancia de que se han adjudicado contratos en distintas áreas con la sociedad que es objeto de investigación por parte de la justicia”.
Para el PP, “Darias debería haber anunciado este miércoles que impulsaría un análisis minucioso desde el punto de vista administrativo de los expedientes urbanísticos afectados por esta supuesta trama, pero ha preferido atacar al PP en vez de asumir su responsabilidad como máxima dirigente municipal”.
Cinco investigados:
El Juzgado de Instrucción número dos de Las Palmas de Gran Canaria se ha hecho cargo de estas diligencias que pretenden esclarecer la posible existencia de “una trama organizada” dedicada a “favorecer ilícitamente, con decisiones urbanísticas y administrativas contrarias al interés general, a determinados empresarios cuyos intereses económicos dependen, en buena medida, de decisiones administrativas que están en manos o bajo la esfera de influencia de los cargos y excargos públicos pertenecientes a Geursa”. Así mismo, se investiga la posible adjudicación fraudulenta de encomiendas de obra, adjudicación de contratos, y proyectos de implantación de grandes obras, entre las que se ejemplifica el caso de la Metroguagua, la pretendida solución a los problemas de movilidad de la ciudad, pero que lleva años acumulando demoras y eternas obras.
Entre los delitos por los que se investiga a estas personas se encuentran los de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada. Según informó la Fiscalía, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario y continúa abierta, por lo que no se descartan futuras detenciones y/o imputaciones.
El periódico Canarias 7 publicaba este martes los nombres de los investigados, entre los que se encuentran el excoordinador de Urbanismo, José Manuel Setién, un exdirectivo de Parques y Jardines (Miguel Ángel Padrón), altos funcionarios de la gerencia y la oficina técnica de Geursa (Marina Más y Carlos Cabrera) y un empresario, Felipe Guerra. Además de la empresa Geursa, la Guardia Civil registró este lunes las dependencias de la Concejalía de Parques y Jardines así como otras oficinas y domicilios, también en la isla de Lanzarote.