Jabones, servilletas, papel higiénico… son algunos materiales que venían denunciando las asociaciones de madres y padres que incluían algunos centros educativos en la lista que exigen para el comienzo de curso escolar a las familias. Las quejas llevaron a que la Consejería de Educación mantuviera una reunión con los representantes de las familias para tratar el asunto y se acordó enviar una circular a los centros para determinar qué pueden solicitar los colegios y qué no. Este 8 de septiembre se remitió a todos los centros educativos esa información, firmada por el Inspector General del Educación donde se recuerda que “la Constitución Española en su artículo 27, apartado cuarto, establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita”.
El escrito refleja que en 1995, una resolución de la Dirección General de Centros, a la vista de las solicitudes de autorización que venían presentando los centros por aquel entonces, autorizó “con carácter general, entre otras, como partida de ingresos para incorporar al presupuesto de los centros docentes de Canarias las procedentes de uso del teléfono y fax, venta de pequeños productos obtenidos directamente a través de actividades lectivas como: manualidades, artesanía, productos agrarios, etc”.
El documento enviado a los colegios añade que esa resolución de 1995 estableció que todos estos ingresos requerirían de la aprobación previa por parte del Consejo Escolar del centro educativo, y aquellos que precisan cumplir otros requisitos legales para su obtención, exigidos por otras administraciones públicas, debían ser autorizados por las mismas y cita las rifas, sorteos, determinados actos festivos, etc.
La circular expresa que debe tenerse en cuenta el momento económico “complicado”para un importante número de familias, y que aunque la Consjería tiene el convencimiento de que dichas aportaciones económicas y de material educativo siempre se hacen desde la prudencia, remarca que “el cobro de cantidades por parte de los centros docentes debe ceñirse a las explícitamente reguladas en la normativa citada, siguiendo el procedimiento establecido para su aprobación por parte del respectivo Consejo Escolar o, en su caso, por la Administración educativa correspondiente”.
Además, Educación subraya que se hace necesario también que al solicitar aportación económica se desglose cuál es el objeto del importe solicitado, recordando, salvo en el caso del seguro escolar (alumnado de tercero de ESO y superiores), su carácter voluntario.
Solo material educativo y si la familia no lo puede aportar, lo hará el centro
La circular hace hincapié en que en cuanto al material fungible, “este debe tener únicamente carácter educativo” y que se debe hacer entender a las familias la necesidad de contar con él en el momento en el que se plantea la actividad del aula, aportándola de forma colectiva, como se suele hacer cada curso, o de forma individual. “Es importante destacar que la falta de este material no puede significar que un alumno o alumna deje de realizar las actividades educativas y que, en aquellos casos que las familias no lo pueden aportar, se debe recurrir a los fondos del centro o a las ayudas que las administraciones ofrecen a tal fin”.
Este lunes se incorporó a clases el alumnado de Secundaria, Bachillerato y FP, mientras que el de Primaria lo hizo el pasado viernes. Se trata de una de las vueltas al cole más caras que afrontarán las familias, afectadas por la inflación. La media de gasto inicial por menor que vuelve al cole es de 500 euros, aunque en algunos casos se dispara a los 1000 euros.
“Hay que hacer un repaso de cómo hemos normalizado y se ha reinterpretado el concepto de gratuidad en la etapa obligatoria educativa”, señalaba Sergio de La Fe, presidente de la Confederación de Madres y Padres de Canarias (Confapa) a este periódico. “Si los libros de texto y otros materiales que hemos delegado en las editoriales, son necesarios para darle al alumnado de Canarias conocimientos, quizás deberíamos aspirar a la gratuidad”, apuntó.
En agosto, FAPA Galdós envió a la Consejería un escrito en el que denunciaba que desde que se inició el proceso de matrícula de las etapas educativas obligatorias, se han recibido constantes quejas y consultas transmitidas a través de las Asociaciones de Madres y Padres, todas ellas referidas a la solicitud por parte de los centros de enseñanza no universitaria de pagos de diferentes cuantías dinerarias y entrega de materiales, los cuales entienden que no se ajustan a legislación vigente, ni nacional ni regional“.
Además de materiales como paquetes de folios, papel higiénico, rollos de servilletas, rotuladores de pizarra, gel hidroalcohólico, jabón de manos, toallitas húmedas...también se recoge el precio que tienen que pagar por fotocopias o por seguros escolares. “Se solicita entrega en metálico o por ingreso en cuenta bancaria, cuantías de unos 20-25 euros, en casos muy superiores, justificadas bajo conceptos tan variados como: matrícula, seguro escolar en primero o segundo de la ESO, gastos en fotocopias, exámenes, material deportivo, plástica, material didáctico, coste de actividades complementarias en horario lectivo, transporte escolar, elaboración y distribución de recursos didácticos...”, añade el escrito.
Ahora, la Consejería ha aclarado esta cuestión a los centros educativos y será Inspección Educativa quien intervenga si se producen denuncias de este tipo.
Este martes, la consejera de Educación, Manuela de Armas, recordaba en el Parlamento de Canarias que este curso cuenta con 1.600 docentes más y que se ha aumentado la oferta de FP (121 grupos más) o el número de aulas enclave (20). Sobre el hecho de que el curso comience con los currículos en borradores, apuntó que otras siete comunidades están en la misma situación debido a que la nueva ley educativa empieza a aplicarse este año en los cursos impares y añadió que se está tardando porque es un proceso garantista que tiene que pasar por el Consejo Consultivo.