El pleno del Parlamento de Canarias aprobó este lunes por unanimidad una proposición no de ley en la que se pide elaborar una nueva ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.
La petición es una enmienda que el grupo Socialista presentó a una proposición no de ley en la que el grupo Nacionalista Canario planteaba desarrollar el artículo 17 de la citada ley, aprobada por el Parlamento de Canarias en 2014.
En ese artículo se dice que “se establecerá reglamentariamente la posibilidad de que las personas transexuales cuenten durante el proceso de reasignación de sexo con la documentación administrativa única adecuada que puedan facilitarles una mejor integración tanto en su entorno social como ante las diferentes administraciones”.
La proposición no de ley la defendió la diputada del grupo Nacionalista Canario Socorro Beato para ayudar a que un joven transexual cumpla su sueño de practicar la lucha canaria.
Socorro Beato reconoció que la ley fue pionera cuando se aprobó en 2014, pero no se ha desarrollado por completo y es preciso modificarla para adaptarla, y aceptó varias enmiendas.
La propuesta inicial era desarrollar el artículo 17 para, en coordinación de los colectivos LGTBI para dotar a las personas transexuales de la documentación administrativa que les permita acceder al deporte, conforme a su sexo sentido, en condiciones de igualdad y con las mismas oportunidades que el resto de la población, tal como ocurre por ejemplo con la tarjeta sanitaria.
Los grupos Podemos, Popular y Socialista presentaron enmiendas al texto, y la socialista Ventura del Carmen Rodríguez pidió elaborar una nueva ley para dar respuesta adecuada a las necesidades porque el actual texto no da respuesta a lo que se precisa.
Por medio de esta proposición no de ley se reclama garantizar que las personas transexuales cuenten, durante el proceso de reasignación de sexo, y hasta que se materialice cambio de la inscripción relativa al sexo en el Registro Civil, con la documentación administrativa única que les facilite su integración social y sea válida ante cualquier administración pública.
También se pide establecer los mecanismos para garantizar que la documentación administrativa.