El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández, considera necesario incentivar a los opositores judiciales canarios, pues a su juicio “lo peor de la Justicia en Canarias es la inestabilidad crónica de los profesionales”.
Según informó este viertes el Ministerio de Justicia, Pérez hizo estas declaraciones en una entrevista que publica el último número de la revista del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, en la que señaló que “la estabilidad de los jueces debe ser un objetivo de las administraciones con competencias -Ministerio y Comunidad Autónoma- y Consejo General del Poder Judicial”.
Pérez manifestó que “los jueces y otros funcionarios de los cuerpos judiciales vienen a Canarias por un tiempo, y terminan optando, lógicamente, por destinos más próximos a su lugar de procedencia”.
Para paliar esta situación, añade el secretario de Estado, “hay que facilitar el acceso de opositores canarios a la carrera judicial”.
El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, tinerfeño y abogado de profesión, consideró que “en realidad, los principales problemas de la Justicia son cualitativos más que cuantitativos”.
Entiende que la estabilidad de los profesionales es tan importante como la demarcación de planta, pues ésta aunque aparentemente sea suficiente “resulta deficiente si hay inestabilidad en el personal”.
El secretario de Estado señaló también que la prioridad que se marca su departamento es “mejorar la calidad cotidiana de la justicia como servicio público. Conseguir una justicia no sólo con más medios, sino sobre todo mejor organizada y más legible para los ciudadanos”.
Añade que a ello contribuye determinantemente el Plan de Transparencia Judicial desarrollado en la presente legislatura.
Para Julio Pérez, la labor del Ministerio de Justicia es “atender por igual a Las Salesas (sede del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional) y a la Plaza de Castilla (sede de los juzgados de primera instancia e instrucción). La justicia de cada día debe ser nuestra prioridad”, señaló.
Con respecto a los colegios profesionales, afirmó que “éstos están llamados a transformarse, sin perder su esencia, en mecanismos más activos de defensa de los colegiados y de prestación de servicios”.
En otro momento de la entrevista, el secretario de Estado aseveró que cree “firmemente en la imparcialidad de los jueces”, y apostilló que “las dudas sobre la imparcialidad constituyen un infundio, que perjudica, sobre todo, a los litigantes corrientes. Y, en realidad, nos hace un flaco favor a todos, profesionales y ciudadanos, pues distrae de los verdaderos problemas de la justicia, que son organización y recursos”.