El abogado y representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC), José Luis Langa González, ha valorado el anuncio del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, de realizar una “reforma profunda” en la Ley de Costas y espera que esta vaya en línea con la demanda de dicha asociación de proteger aquellos núcleos urbanos consolidados previos a la ley de 1988 y que en Canarias podría afectar a más de 160.000 personas.
Langa González asegura que este anuncio es “inicialmente una buena noticia. Sin embargo, aún no conocemos el alcance de dicha modificación, por lo que tenemos que mantenernos cautos”. En los próximos días iniciará gestiones con el Ministerio de Medio Ambiente para saber en qué línea se hará dicha reforma.
El abogado y representante en Canarias de los afectados por la Ley de Costas puntualiza que en ningún momento esta reforma debe ir en contra de la protección del medio ambiente y de los espacios protegidos, sino que “lo que debe hacer es invalidar el carácter retroactivo de la actual ley que durante estos años ha puesto en peligro la estabilidad y el derecho a la propiedad privada de cientos de canarios que ahora están amenazados por la ley”.
Langa González recuerda que desde hace años, como abogado y como representante de la AEPLC en Canarias, ha mantenido esta postura para poblaciones tales como Igueste de San Andrés; Santa Lucía o Los Roques, en Tenerife; Ojos de Garza en Gran Canaria y Valle Gran Rey, en La Gomera, por citar sólo algunos casos, cuyos habitantes “viven con la espada de Damocles, pues en cualquier momento les pueden echar de sus casas”.
Es por ello que en las últimas elecciones generales, la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas en Canarias pidió el voto de los afectados y de todos los canarios para el PP, pues éste partido ya se había comprometido a modificar la ley. “Las declaraciones de ayer de Arias Cañete indican que están cumpliendo su compromiso”, agrega Langa.
Finalmente, Langa pide, una vez más, que se aplique una moratoria sobre los núcleos que en Canarias están afectados por la Ley de Costas a la espera de que se modifique la misma y se vea en qué sentido se va a aplicar dicha ley.