El personal de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha alertado de “la trayectoria de abandono y desidia que ha afectado a esta institución, así como el actual desmantelamiento del sistema público de servicios dirigido a los ciudadanos más vulnerables”. El Comité de Empresa denuncia “encomiendas de gestión sin control, seguimiento ni supervisión, la externalización de servicios y su creciente privatización”.
“Resulta indignante cómo se carga sobre el personal de la Consejería la responsabilidad de los retrasos en la resolución de expedientes, el incumplimiento de órdenes de ”dudosa legalidad“, la ejecución incorrecta de procedimientos y otras deficiencias. El personal, sin embargo, desempeña sus funciones con compromiso, vocación y profesionalidad, a pesar de las condiciones adversas. Trabajan en edificios públicos ”enfermos“ que no cumplen con la normativa básica en prevención de riesgos laborales y con escasos recursos materiales y humanos. A menudo, carecen de instrucciones claras o son víctimas de órdenes contradictorias e impositivas y en ocasiones sin protocolos de actuación, reglamentos internos o funciones claramente definidas”, reprocha el Comité de Empresa en un escrito.
El comité de empresa señala que la “falta de planificación y previsión es evidente, como así lo demuestra la gestión de la situación migratoria, que siendo un problema recurrente y de difícil solución provoca año tras año una desatención en otras áreas no menos importante de la Dirección General de Protección a la Infancia y Familias”.
Otras cuestiones que aseguran que denota la mala gestión en el área de personal “es la insuficiencia de recursos humanos y la agilidad en la cobertura de plazas todo ello como consecuencia de la precaria inversión económica en la Consejería, que perpetúan y no dejan de acrecentar éstas y muchas otras problemáticas”, agrega el escrito.
“Es necesario poner fin a esta situación de abandono y precariedad que afecta tanto a los profesionales como a los ciudadanos que dependen de estos servicios y la solución pasa por un compromiso real y efectivo de las autoridades competentes, quienes deben invertir todo el esfuerzo en reforzar este sistema público, garantizando una gestión transparente, responsable, comprometida escuchando y apoyándose en quienes conocen de primera mano las necesidades y retos que enfrentan a diario en una Administración viciada, lenta y poco accesible”, resalta.
El Comité de Empresa explica que en en representación de los trabajadores y trabajadoras de la Consejería, exige medidas inmediatas y concretas para revertir la situación. “Es necesario que se establezcan protocolos claros, se aumenten los recursos humanos y materiales, se mejore la planificación y se dé prioridad a la atención de los colectivos más vulnerables desde el más absoluto respeto a sus derechos. Únicamente a través de la colaboración de todos los actores sociales, un diálogo transparente y una gestión comprometida, será posible restaurar la confianza en un sistema que debe garantizar el bienestar de todos, en lugar de ignorar y excluir a quienes más necesitan apoyo y acompañamiento”, inciden.
El caos en Dependencia
En el área de Dependencia el personal reprocha irregularidades en la organización del trabajo y con el nuevo y polémico decreto, que también ha sido criticado por los colegios de Trabajo Social. Los trabajadores y trabajadoras afean los cambios que la directora general, Concepción Ramírez, ha efectuado en el servicio y que “se han realizado bruscamente, de manera impositiva, sin contar con la participación de los trabajadores y cargos de mayor responsabilidad del servicio” que “han causado un ambiente laboral muy negativo”.
Así mismo señalan que un gran número de trabajadoras se encuentran en estos momentos en situación de incapacidad temporal, en “gran parte por ansiedad causada por las condiciones laborales”. Además, advierten de que dos de los médicos de los Equipos Técnicos han decidido abandonar su puesto.
Entre los cambios que reprocha el personal se encuentra la destitución de la figura de Coordinación de Valoración, “indispensable durante 16 años para coordinar a los equipos de valoración, establecer reuniones periódicas para discutir dudas generales y trabajar dentro de criterios comunes de actuación que garanticen la igualdad en las valoraciones y dictámenes de Grado de Dependencia”. Actualmente, explican que la coordinación la asumen los jefes de sección de los servicios de dependencia provinciales, pero sin ejercer de forma íntegra las funciones aquí referidas.
Por otro lado, el personal reprocha la eliminación del “día de oficina” si este día cae en festivo.“ El día de oficina es necesario para desempeñar las funciones que son intrínsecas, a la aplicación del baremo oficial de dependencia, así como realizar tareas administrativas derivadas de las comisiones de servicio como son la solicitud de coche de alquiler, o del pago de kilometraje, descargar al ordenador corporativo las plantillas de las valoraciones de la semana siguiente en PDF, trasladar dudas sobre algunas valoraciones de la semana a los equipos técnicos, dentro del trabajo multidisciplinar que marca el Consejo Territorial del Sistema de Atención a la Dependencia”, expone el personal
También se incide en el aumento de la carga de trabajo y ratios de valoraciones semanales a los valoradores, “especialmente y en mayor medida a los nuevos, sobre todo cuando se encuentran en periodo de prueba”. Todo ello, “sin aumentar los días de oficina para lograr realizar y terminar todo el trabajo de forma correcta”.