El comité de huelga por la homologación salarial de los docentes no universitarios canarios formado por los sindicatos EAC, FETE-UGT, STEC-IC y UCPL reclamó este viernes al presidente del Gobierno Autónomo, Paulino Rivero, “no dilatar innecesariamente” el conflicto y no rehuir la negociación.
Algo que Rivero ha querido hacer esta semana “al pedir al Consejo Consultivo de Canarias que emita un Dictamen sobre la legalidad de la reclamación de homologación salarial del colectivo docente no universitario”, en una iniciativa que “sólo puede entenderse como un intento de endosar a otros órganos una responsabilidad que recae exclusivamente en él”, afirman dichos sindicatos en un comunicado.
“Entendemos que con ello se quiere desviar la atención del problema principal, así como dilatar la posible resolución del conflicto, con la excusa de estar a la espera de lo que el citado Consejo pudiera acordar, cuando cuenta con servicios jurídicos con capacidad para asesorarle convenientemente”, opinan.
Su conclusión es que “el Gobierno de Canarias ha demostrado no tener capacidad ni interés por solucionar los problemas y abordar los retos de la enseñanza pública en el Archipiélago”.
En concreto, acusan al presidente de no ser “capaz de encontrar ningún tipo de medida efectiva, razonable y dialogada para superar los obstáculos que condicionan el buen funcionamiento de uno de los servicios esenciales para nuestra sociedad, que garantiza un derecho fundamental recogido en la Constitución: el derecho a la educación”.
Añaden que la consejera de Educación, Milagros Luis Brito, “ha hecho de su intransigencia la excusa tras la que se esconde la absoluta incapacidad para gestionar un área de la que dependen, no sólo la enseñanza en las etapas preuniversitarias, con sus más de 300.000 alumnos y 25.700 docentes, sino las dos universidades, la cultura y el mundo del deporte en las islas”. Desde ese análisis, reclaman a Paulino Rivero que “asuma las responsabilidades que le competen”.
“Si su consejera de Educación no quiere, no sabe o no puede gestionar eficazmente el área que le ha sido encomendada, proceda a su cese, tome personalmente cartas en el asunto y negocie de una vez las demandas del profesorado”, señalan a ese respecto.
Además, exigen al presidente “que no rehúya sus deberes ni se escude en órganos que merecen mayor respeto y mejor trato”, “que no dilate el conflicto innecesariamente” y “que no siga erosionando el sistema educativo y haciendo que un servicio esencial y un derecho fundamental se vean claramente lesionados”.
Por último, le demandan que, “en caso de mantenerse la suspensión de las negociaciones sobre la reivindicación planteada y, además, sobre todos aquellos aspectos imprescindibles para una mejora profunda del sistema educativo en Canarias, dé explicaciones a la ciudadanía del archipiélago (en especial al alumnado y sus familias) y justifique la razón por que perpetúa el actual estado de cosas”.