El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes el acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIMP) para fijar un precio máximo de venta al público de 2,94 euros en los test de antígenos de autodiagnóstico de la COVID-19 en las oficinas de farmacia, que entra en vigor este sábado.
Esta medida también recoge que estos 2,94 euros de tope serán también de aplicación a los test de uso profesional para su uso con finalidad de autodiagnóstico que cuenten con autorizaciones expresas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), así como a aquellos otros test que, de forma temporal y para garantizar el abastecimiento de test de autodiagnóstico se ha permitido su comercialización temporal por parte de esa Agencia.
El importe de 2,94 euros es “unitario y final con IVA incluido, o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) correspondiente”. En cualquier caso, la resolución apunta que este precio máximo “queda sujeto a futuras revisiones por esta Comisión, atendiendo a la evolución de los precios de mercado”.
El texto recuerda, a su vez, que “cuando exista una situación excepcional sanitaria, con el fin de proteger la salud pública, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos podrá fijar el importe máximo de venta al público de los medicamentos y productos a que se refiere el párrafo anterior por el tiempo que dure dicha situación excepcional”.
En rueda de prensa este jueves tras la reunión de la CIMP, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicó que el “objetivo principal ha sido fijar un precio lo más asequible posible, atendiendo siempre al equilibrio necesario para que el producto esté disponible en el canal farmacéutico”.
Según detalló Sanidad, los criterios para fijar esos 2,94 euros de precio máximo han contemplado, entre otros, el coste que tiene en otros países. “Se han considerado los precios de venta desde julio, cuando se puso el producto en el mercado en España, hasta la fecha. Hemos considerado el margen en el marco comercial de las farmacias y esto, considerando que el producto está exento de IVA, nos ha dado una orientación”, explicaron.
La restricción de precios de estos productos ha sido aplaudida por buena parte del sector sanitario y farmacéutico, que ven necesaria esta medida aunque consideran que el precio máximo es demasiado alto y que llega “tarde”, pues consideran que debería haberse puesto en marcha antes de la Navidad, cuando su demanda creció ante el gran aumento de casos de COVID-19 por la llegada de ómicron.
Pese a mostrarse colaborativos con la medida, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha resaltado que el precio de venta máximo “supondrá que la mayoría de las farmacias tendrán en este momento que dispensar estos productos sanitarios por debajo de su precio de coste”.
“Aunque el precio fijado va a conllevar a que la mayoría de las farmacias dispense en este momento los test por debajo del precio de adquisición, los farmacéuticos siempre hemos puesto por delante la salud de nuestros pacientes. Asumimos el precio fijado por responsabilidad y por la vocación sanitaria y de servicio que nos ha guiado siempre y que hemos demostrado de forma muy contundente en estos dos años de pandemia”, manifestó su presidente, Jesús Aguilar.
Por su parte, el Consejo General de Enfermería (CGE) ha mostrado su disconformidad con los precios fijados porque consideran que es “elevado si se compara con los países vecinos”. “Entendemos que no ha sido una medida suficiente. Hay que recordar que los países que tenemos en nuestro entorno muy cercano a nivel europeo ese precio es todavía mucho más bajo. Creemos que para nuestra población, incluso por nuestro producto interior bruto, nuestro nivel adquisitivo si comparamos los sueldos que hay en España con los que hay en estos otros países, todavía se hace caro ese precio en torno a casi los 3 euros aquí en España va a seguir dificultando el acceso a determinadas personas a estos tipos de test de autodiagnóstico”, declaró la organización en un comunicado.
Igualmente, FACUA-Consumidores en Acción calificó de “absolutamente desproporcionado” el precio máximo de 2,94 euros. “El precio máximo que va a establecer el Ejecutivo es incluso superior al que se aplica en los test de antígenos que se comercializan en establecimientos de otros Estados miembros de la Unión Europea. La decisión del Gobierno no hace más que poner como tope un importe similar al que se comercializaban los test en las farmacias antes de que estallase la sexta ola como consecuencia de la variante ómicron”, señalan al respecto.