El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha confiado en que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de “luz verde” a la decisión de pedir el certificado COVID, porque “es una medida consensuada con los sectores, no impide derechos individuales y potencia la vacunación”.
Ángel Víctor Torres se ha pronunciado de esta manera en declaraciones a los periodistas tras el acto institucional en Presidencia del Gobierno con motivo del Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y que fue previo a la reunión del Consejo de Gobierno autonómico.
En esa sesión del Consejo de Gobierno está prevista la ratificación de la decisión de instaurar el certificado COVID en diversos espacios de la Comunidad Autónoma, y el presidente ha precisado que el sector empresarial se ha mostrado a favor de dicha medida, que estará sujeta a su ratificación judicial.
Cabe recordar que esta medida fue tumbada por el TSJC en el pasado verano, tras la oposición de una asociación de empresarios del sur de Tenerife, que entonces no veía factible pedir los certificados a sus clientes.
“Se trata de una propuesta que no colisiona con los derechos individuales y aporta mayor seguridad sanitaria”, ha subrayado el presidente, quien ha aludido al aumento de casos de coronavirus en todo el mundo.
En Canarias y el resto del país “tenemos la suerte” de que el 90% de la población está vacunada, pero hay que insistir en el mensaje “claro” a los ciudadanos de entre 20 y 49 años, el menor porcentaje de inoculados, de que deben vacunarse porque, ha añadido Torres, se confunden pensando que como la mayoría está vacunada, no es preciso que ellos lo hagan.
“Todo el mundo debe tener claro que lo mejor que pueden hacer para cuidar su propia salud y la de los demás es estar vacunados, y por eso hoy se va a decidir en el Consejo de Gobierno (la aprobación del certificado COVID)”, ha insistido.
El presidente ha explicado que todas las islas mantendrán hoy sus actuales niveles de incidencia de la COVID, un sistema que, ha recordado, “el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas están dispuestos a modificar para adaptarlos a la situación actual, en la que el aumento de positivos no conlleva un colapso hospitalario por la incidencia de la vacunación”.
La voluntad es tener aprobado el certificado COVID antes de la llegada de las fiestas navideñas y hacer un seguimiento diario de los positivos en la comunidad, pues preocupa que en estos meses importantes para la temporada alta de turismo haya una mayor incidencia en los países emisores de visitantes, como los de centro Europa, y si en ellos “las cosas van mal tendremos afección en lo económico en Canarias”.
Ángel Víctor Torres ha reiterado su petición de que la justicia tenga un criterio homogéneo en esta ámbito y que diga lo mismo “en Canarias que en Galicia, y a la inversa, pero eso no ha sido así” y se han producido fallos totalmente contrarios en el país.
El Gobierno de Canarias respeta a la justicia y en caso de diferencia de criterios, ha recurrido cuando es factible y cuando no, acata sus decisiones, ha insistido Torres, quien no obstante ha subrayado que el decreto ley de medidas sanitarias aprobado tras el verano de 2020 ha sido “lamentablemente necesario” y acertado porque “hemos tenido que tirar” de él cuando “las cosas empeoran”.
Al mismo tiempo es necesario preservar la constitucionalidad de las medidas y por ello el presidente confía en que en esta ocasión, en que hay consenso con los sectores económicos, la sociedad, cabildos y ayuntamientos, el TSJC “de la razón y valide” la decisión de establecer el certificado COVID.