Las ONG Redesscan y Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza han criticado el proyecto de presupuestos aprobado por el Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria y el Partido Popular, el cual, según han expresado en un comunicado conjunto, “perpetúa las desigualdades” entre las personas ricas y las pobres del archipiélago e incumple la Ley de Servicios Sociales.
Ambas entidades sociales han explicado este domingo que, tras analizar la propuesta presentada por el Ejecutivo autonómico en la que se destinan 715 millones para Servicios Sociales, han llegado a la conclusión de que los presupuestos “no nos van acercar a la Justicia social, ni a garantizar derechos para todas, y dan la espalda a las personas”.
En ese sentido, han desgranado que tocarán 340 euros anuales por persona residente en Canarias para esta materia, 907 euros solo si la partida se dedicara íntegramente a quienes se encuentren en situación de riesgo y exclusión en el archipiélago.
“Ridículas e insuficientes cifras económicas, que no nos igualan, sino que agrandan las brechas entre los pocos que más tienen y las muchas que están desposeídas”, han criticado después de recordar que, actualmente, en Canarias el 0,6% de la población más rica acumula el 56% del PIB, mientras que hay 800.000 personas en situación de exclusión.
Han destacado, asimismo, que todas las inversiones previstas en el proyecto de presupuestos en materia de Servicios Sociales solo llegan al 2,6% del PIB regional.
Además, han señalado que el aumento de 33 millones en las partidas para el año que viene respecto de las de 2023 “incumple la disposición adicional duodécima de la ley de Servicios Sociales de Canarias, que expone en este apartado sobre financiación el aumento en cada año de 55 millones, al menos”.
Y han enumerado que, entre los programas que se estancan en estas cuentas se encuentran los relacionados con Infancia y familia, los fondos para proyectos del tercer sector, las prestaciones a mujeres víctimas de violencia de género o los servicios de atención a personas migrantes.
“Por tanto, son unos presupuestos insuficientes, no llegando a las personas que tendrían derecho con más urgencia para sobrevivir, no llegando a estabilizar plantillas, y no protegiendo, ni respetando, ni garantizando derechos para todas las personas”, han rematado las dos ONGs para luego concluir que los servicios sociales “no son esenciales” para este Gobierno, liderado por Fernando Clavijo (CC).
Por último, han llamado a una movilización social para tratar de revertir esta situación, puesto que los partidos políticos “no cumplen con lo que han prometido”, por lo que han instado a crear “un pacto por el desarrollo de la ley de servicios sociales en los distintos niveles de la administración”.
A través del mismo, han añadido, se obligaría a todos los partidos políticos en los distintos escalones de la administración a cumplir los preceptos recogidos en la normativa autonómica