La Junta de Personal Docente No Universitario de Santa Cruz de Tenerife ha reclamado este viernes a la Consejería de Educación del Gobierno canario que recupere las condiciones para ofrecer una Formación Profesional “de calidad”.
Según han apuntado en una nota tras reunirse el máximo órgano de representación del profesorado en la provincia, el profesorado ha planteado una serie de reivindicaciones entre las que figuran la dotación suficiente de personal auxiliar, la reducción de las ratios y de la burocracia docente, el cumplimiento del mandato legal sobre la inversión educativa mínima y la aplicación de mejoras retributivas pendientes.
La Junta ha reclamado asimismo a la Consejería la puesta en marcha de una serie de medidas con el fin de resolver los problemas que se están dando este curso en la Formación Profesional, así como una mejora de las condiciones del profesorado.
También ha aprobado una resolución en la que denuncia los “recortes” que se han producido en FP en este curso de transición entre la Formación Profesional específica y la dual, y ha exigido a la administración educativa que recupere las condiciones para que estas enseñanzas puedan ser impartidas con calidad y se respeten los derechos del profesorado.
En este sentido, se ha pedido que asigne horas lectivas suficientes desde el inicio del curso para el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), para las funciones de coordinación dual y para las tutorías de grupo, entre otras reivindicaciones.
La junta también ha instado a la Consejería a activar las listas de personal auxiliar abiertas el pasado mes de mayo, dadas las necesidades existentes en los centros, así como a garantizar que los auxiliares educativos –necesarios para la atención al alumnado de aulas enclave y a todo el que tiene necesidades específicas de apoyo educativo– y los auxiliares de comedor se incorporen a los centros desde el principio del curso y sean sustituidos sin retrasos cuando estén de baja.
Asimismo, ha recordado que se continúa incumpliendo año tras año la Ley Canaria de Educación en cuanto a la inversión educativa y solicita al Gobierno autónomo y al Parlamento de Canarias que la incremente hasta alcanzar el 5% del PIB del Archipiélago, como establece la norma.