Después de que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, haya presentado el nuevo modelo de Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras --tras encerrar a 500 personas que llegaron en patera a Murcia en una prisión de Archidona (Málaga)-- desde la plataforma Canarias Libre CIE Pablo Socorro (uno de sus portavoces) anuncia que han propuesto al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de la ciudad capitalina solicitar el cierre del CIE ubicado en Barranco Seco al Gobierno de España y convertirlo “en un centro referencial por la defensa de la memoria histórica y los derechos humanos”.
El edificio donde ahora se encierran a personas migrantes fue “la antigua Prisión Provincial de Las Palmas durante la dictadura, donde se reprimieron y asesinaron a muchas personas que lucharon por la libertad y la democracia” explica Socorro, ya que el Archipiélago sufrió “una durísima represión, pese a no haber habido frente, durante la Guerra Civil, los años del Franquismo y los primeros años de la Transición”.
Socorro asegura que los principales partidos políticos isleños “nos han demostrado que son favorables al cierre y la reconversión del centro”.
Además, la propuesta está relacionada de forma indirecta con el proyecto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de recuperación de las baterías ubicadas en el barrio capitalino de San Juan, un patrimonio militar contruido durante la II Guerra Mundial, cuando la Operación Pilgrim de los británicos amenazaba a las Islas. La iniciativa comprende, entre otras actuaciones, la creación de un recorrido histórico alrededor de la batería.
Se trata de una zona con vistas privilegiadas de la vertiente este de la capital grancanaria, desde La Isleta hasta la Punta de Gando y de todo el cauce del barranco de Guiniguada hasta la cumbre de la isla. Y desde ahí también se puede ver el CIE de Barranco Seco y a sus internos.
El edificio se alza sobre unos terrenos que pertenecían al Cabildo de Gran Canaria, quien donó la propiedad a la Dirección General de Prisiones de la época en 1930 para iniciar su construcción.
Durante la Transición se planteó la posibilidad de que volviera a manos de la corporación insular a cambio de ceder terrenos fuera de la capital grancanaria para construir una nueva Prisión Provincial en mejores condiciones y adaptada a la época, ya que el edificio de Barranco Seco, ideado durante la Segunda República, quedó obsoleto debido a que los presos superaban ampliamente su capacidad. Pero nunca se produjo: en algún momento de los años 80, en una transformación opaca, el edificio de Barranco Seco pasó a ser propiedad del Ministerio del Interior y pasó a ser --y sigue siendo a pesar de que no deben ser de carácter penitenciario según Ley Orgánica 4/2000-- un Centro de Internamiento de Extranjeros.
Pregunta: ¿Es posible cerrar un CIE?
Respuesta (Pablo Socorro): Por supuesto. Es totalmente posible si hay un compromiso político y social. En Canarias existe una gran parte de la población que está en contra de los CIE y quizás el de Barranco Seco sea uno de los que tienen peores condiciones de todo el Estado español, junto con el de Algeciras y Tarifa. Además de la frustración que supone la privación de libertad a personas que acaban de llegar tras un tránsito que pone en peligro sus vidas, se suma la situación deplorable en la que se encuentra un edificio que tiene más de 80 años de historia. Estamos hablando de la antigua Prisión Provincial de Las Palmas durante el Franquismo, donde se ejecutaron a muchas personas. Desde la plataforma Canarias Libre de CIE hemos trasladado una propuesta a todos los grupos políticos representados en el Cabildo de Gran Canaria y en el Ayuntamiento de la ciudad capitalina para hacer viable el cierre.
¿Cómo?
Básicamente solicitando la cesión del espacio al Ministerio del Interior y convirtiendo el edificio en un centro de interpretación de la memoria histórica y los derechos humanos en pleno centro del casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria. Eso sería un referente y pondría a Canarias a la cabeza en ese sentido. Estamos en un momento ideal para conseguirlo porque existen fuerzas progresistas, tanto en la corporación insular como en el consistorio, que se han manifestado en contra de los CIE. Entendemos que tenemos que ser valientes, dejar a un lado las palabras para, con los actos, poder demostrarlo.
¿Canarias Libre de CIE ha recibido el compromiso de todos los partidos políticos de la isla para llevar a cabo esta propuesta?
En las comunicaciones que hemos tenido con los diferentes partidos políticos nos han demostrado que son favorables a este cierre. Incluso los representantes canarios de la principales fuerzas con representación estatal nos han mostrado su interés por la propuesta y su acuerdo total o parcial. El de Barranco Seco es un CIE que ni siquiera cumple con la función principal de los CIE: las deportaciones. El año pasado procedieron a la expulsión de solo cuatro personas, el 0,6% de todas las que estuvieron internadas, de las cuales dos eran víctima de trata y, pese a ello, fueron deportadas.
Pero las competencias de los CIE son del Ministerio del Interior, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no pueden cerrar un CIE aunque se unan todos los partidos de la isla
El Ayuntamiento, el Cabildo o el Parlamento de Canarias no pueden tomar esa decisión, pero sí pueden presionar a nivel estatal para conseguirlo y, sobre todo, pueden mostrar su compromiso con los derechos humanos. Todos juntos somos más fuertes y estamos convencidos de que existe la valentía para que las instituciones de la isla presenten la solicitud al Ministerio del Interior y ahí defenderla de manera comprometida.
Pero ahora mismo el ministro del Interior aboga por construir más CIE, no cerrarlosaboga por construir más CIE
Los colectivos sociales y los partidos políticos que defienden los derechos humanos deberían hacer todo lo posible para que se cierren los CIE e impedir que se construyan unos nuevos. Mostramos nuestro rechazo a esta medida del Ministerio y a otras que desde distintas estancias se han revelado incluso ilegales en muchas ocasiones. No podemos consentir que en Canarias sigan existiendo agujeros negros como son los CIE y que los gobiernos que tienen soberanía sobre esos espacios no hagan nada para cambiarlo.
¿Existe algún precedente?
La presión social y las malas condiciones consiguieron cerrar el CIE de Málaga. Sin embargo, el cierre y reconversión en un espacio de memoria histórica, que es lo que planteamos desde Canarias Libre de CIE, no; sería algo pionero. Pero es que nosotros no solo entendemos que hay que cerrar el CIE de Barranco Seco, sino que además existe una necesidad de reparación sobre las víctimas de la represión que dejó la dictadura franquista y las posteriores víctimas de las fronteras que han estado entre sus muros. No es solo una reclamación por los derechos humanos de las personas migrantes, sino también por los represaliados y asesinados durante la Guerra Civil y el Franquismo.
Si se cierra el CIE de Barranco Seco, ¿qué alternativas existen para las personas que llegan de forma irregular?
Las personas que llegan de forma irregular no deberían ser internadas. Existen recursos de acogida que deberían potenciarse como modelo, no el internamiento. El fin último y único de los CIE es la deportación, y esto es importante porque las personas que llegan a Canarias y son internadas no son deportadas. Ni siquiera creemos que deban ser internadas, sino atendidas de otra manera. Se tiene que dar el restablecimiento de la legalidad, la garantía de que puedan existir vías seguras para esas personas y, una vez lleguen a Canarias, puedan entrar en los distintos tipos de acogida que se puedan originar. Se debería garantizar que esas personas puedan recibir un acompañamiento psicosocial y la garantía de que pueden solicitar protección internacional si se da el caso y, en los casos en los que no, buscar la forma para acompañarles en su llegada o permitirles continuar su viaje.
¿Alternativas concretas?
Canarias puede ser un laboratorio de esas propuestas de acogida que planteamos. El Archipiélago seguramente acogería muy bien estas medidas después del informe para la Calre que ha desarrollado el Parlamento de Canarias, que va en esta dirección. Las islas aprendieron de una crisis sin precedentes y la política que se aplicó en esa época no solo fue de acogida, también se dieron episodios dramáticos. José Manuel Soria, cuando era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, decidió deportar ilegalmente a 200 personas para poder realizar un festival intercultural en el centro turístico de la ciudad, de eso no nos olvidaremos. En Canarias deberían existir espacios alojativos que les garanticen el respeto a la dignidad y que puedan tener la posibilidad de decidir si su viaje migratorio acaba en Canarias o sigue hacia otros destinos.
¿Cómo se desarrolla el proceso migratorio de las personas que llegan en patera o cayuco a Canarias?
Eso si llegan, porque en muchas ocasiones son interceptadas por Marruecos y llevadas de vuelta; también, para alcanzar las cosas del Archipiélago, tienen que evitar la permanente vigilancia del FRONTEX; de otras personas ni siquiera se tiene constancia y se pierden en alta mar... Pero cuando se localizan, muchas veces gracias al trabajo encomiable que realiza Salvamento Marítimo, y llegan a Canarias, son asistidas por la Cruz Roja y después pasan a ser detenidas un máximo de 72 horas en comisaría. Se la encierra en condiciones nefastas hasta que se dicte por parte de un juez el internamiento en un CIE. Solo las menores o aquellas que necesitan una asistencia sanitaria urgente pasan por un proceso diferente. Si son enviadas al CIE de Barranco Seco, generalmente son trasladadas al de Hoya Fría al cabo de unas semanas, dado el mal estado del edificio de Gran Canaria. Y cuando eso ocurre, se quedan sin garantías jurídicas, ya que su abogado se queda en la provincia de Las Palmas. De Hoya Fría, o los envían a otros en la península, o los pasan a pisos de ONG, o se quedan en la calle; siempre que no los deporten. Cabe recordar también que ni el CIE de Gran Canaria ni el de Tenerife tienen servicios de orientación jurídica, no hay trabajadores sociales, ni traductores y el servicio sanitario está externalizado con clínica privada en Madrid. En las visitas que hacemos los colectivos sociales periódicamente hemos constatado las situaciones lamentables que viven las personas que están encerradas en Barranco Seco.
Cuando finalizan su internamiento en los CIE de Canarias, ¿es posible seguir sabiendo qué ocurre con ellos?
Depende de los casos. Hay algunas personas que salen del CIE de Barranco Seco y van al centro de migraciones de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Otras van a Península y allí los acogen otros colectivos sociales que trabajan en el mismo sentido. También cabe matizar que, aunque son mayoría, no todas las internas provienen de África. También son encarceladas personas de otros orígenes que son interceptadas en un aeropuerto y luego internadas. Canarias siempre ha sido un punto de encuentro, donde la gente ha dado el primer salto para ir a otro sitio. Es una riqueza cultural que ha permitido tener una sociedad abierta y solidaria como se demostró durante la crisis de los cayucos, cuando la gente se volcó a ayudar a las personas que huían de situaciones desesperantes.
Desde la crisis de los cayucos se ha reducido considerablemente la llegada de personas migrantes a Canarias vía marítima: de las 31.678 personas en 2016 a 663 el año pasado
Parece que la realidad migratoria en Canarias ha dejado de existir, pero lo que ha ocurrido es que las personas que migran han tenido que optar por otras rutas. Esto se debe básicamente a que se controló la inmigración en los países de origen con acuerdos bilaterales. Las islas han sido un laboratorio de control migratorio de primer orden, donde la Unión Europea se ha inspirado para aplicar las mismas políticas en el Mediterráneo y los mismos tipos de acuerdos bilaterales para externalizar fronteras. Ahora vemos resultados como la situación en Libia, donde la Unión Europea prefiere asumir la existencia de venta de esclavos con tal de no acoger a las personas migrantes. Todo esto básicamente son políticas racistas porque en Europa se ve la inmigración ahora como un problema, pero durante los años boyantes, antes de la crisis, se les veía como mano de obra barata. El Gobierno del Partido Popular nos dice que es inviable aumentar el presupuesto para acogida, pero sí lo hay para aumentar los presupuestos militares en España y fortalecer las fronteras exteriores. Por eso celebramos, entre otras razones, el VII Encuentro Estatal por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones en Las Palmas de Gran Canaria, para enfrentar estas políticas de regresión de derechos humanos en la frontera sur, es decir, los CIE de Canarias, Andalucía o Murcia. Es una urgencia social unirnos y coordinarnos para ser capaces de sacar una hoja de ruta que luche contra las políticas racistas que dañan diariamente la vida de muchísimas personas.
¿En qué consiste el encuentro estatal por el cierre de los CIE?
Es una oportunidad para coordinarnos entre los diferentes colectivos sociales, plataformas, asociaciones o personas a título individual que luchamos por los mismos objetivos. Son reuniones en las que trataremos de seguir marcando la hoja de ruta para buscar la manera de cambiar las políticas antimigración del Gobierno de España, para seguir reivindicando la obscenidad que supone tener agujeros negros como los CIE en nuestros territorios, el negocio que supone para algunas empresas la xenofobia en la frontera sur o el daño que ocasionan las deportaciones o las vulneraciones de derechos que se siguen cometiendo, por ejemplo, con las devoluciones en caliente, tanto terrestres como marítimas. Es trascendental celebrar este tipo de encuentros por el momento que estamos viviendo desde la llamada crisis de los refugiados y la política migratoria europea, que trata de frenar las entradas al continente. En el Estado español se ha abierto una prisión para encarcelar a más de 500 migrantes, lo cual es totalmente ilegal como se recoge en la propia Ley de Extranjería y en el reglamento de internamiento de los CIE. Y luego vemos la propuesta de creación de un CIE cinco estrellas. En definitiva, entendemos que en lugar de buscar una política de acogida y que mejore la vida de las personas en su tránsito migratorio, se está empeorando al cerrar Europa a cal y canto externalizando cada vez más la gestión de la frontera mediante políticas cada vez más racistas.
¿Llevarán a cabo alguna acción en Las Palmas de Gran Canaria?
Abriremos el encuentro con una concentración frente a las oficinas del FRONTEX en la isla como denuncia de las herramientas que ha ejercido este sistema de control migratorio, que en Canarias ha tenido una repercusión muy negativa. La crisis de los cayucos de 2006 fue el laboratorio del Frontex para controlar las fronteras usando los acuerdos con terceros países para impedir las entradas por el Archipiélago a costa de lo que fuese. Ahora las políticas migratorias las marca una Europa cada vez más ultraderechizada, cada vez más racista y cada vez más cerrada en sí misma. No podemos permitir esto en una sociedad que ha demostrado sin duda tener mucha más humanidad y dignidad que quienes dictan esas políticas