El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Las Palmas, Gabriel Jiménez, ha expresado su “indignación” ante la orden publicada este lunes que regula las artes y modalidades de pesca en el caladero canario, porque supone la “ruina” para el sector en Gran Canaria y Lanzarote.
Jiménez ha anunciado que el próximo jueves se reunirá con el director general de Pesca del Gobierno canario, Orlando Umpiérrez, para “hacer un frente común” contra esta orden, tras haber fracasado en las explicaciones dadas a la Administración central, que “no ha querido entender” el sistema tradicional de las artes pesqueras canarias.
El presidente de las cofradías de Las Palmas ha reprochado al Ministerio de Agricultura que “ni siquiera” se molestara en enviarles el borrador último para conocer los cambios introducidos, que han sido muy pocos, por lo que “acaban con este sector” en las islas.
“Dos años trabajando y luchando y siguen sin entender nada”, ha insistido Jiménez, quien ha considerado que “es imposible dialogar con estos personajes”.
Así mismo, ha advertido de que la orden es imposible de cumplir porque, de hacerlo, habría que amarrar la flota, ya que no tendría sentido salir a faenar ante las enormes limitaciones que establece y que afectan a las especias más comunes que se capturan en las islas.
La pesca, con la nueva orden, se restringe a especies como la sama, el medregal y el jurel, mientras que las sardinas, salmonetes, sargos, pulpos, bocinegros, cabrillas o abaes, entre otras, que son muy demandados en las islas, no se podrán capturar, ha destacado Jiménez.
Según Jiménez, entre 200 y 300 barcos en los que operan hasta tres pescadores se verán afectados por esta nueva regulación, que empeorará a partir de 2019. A juicio de la Federación de Cofradías de Pescadores de Las Palmas, lo que va a provocar esta normativa es un aumento de la pesca furtiva.
Jiménez ha señalado que los pescadores canarios se han caracterizado por su “honradez” y el cumplimiento de la talla autorizada para las capturas, por lo que no entienden el “castigo” dado por la Administración, a la que volverán a exigir sus demandas.