Un 36% de la población canaria (casi 780.000 personas) está en riesgo de pobreza y exclusión social. Se trata de un dato de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza (EAPN), que destacó cómo la vivienda y la brecha de género complican este riesgo. Se trata de un contexto por el que se hace más necesario en esta comunidad autónoma la presencia de las rentas mínimas y es la razón por la que se impulsó por el anterior Gobierno regional la Renta Canaria de Ciudadanía; un derecho que si bien supone un avance no termina de despegar. Actualmente, son beneficiarias 12.899 familias, un poco menos de la cantidad que cubría la antigua Prestación Canaria de Inserción (PCI). Los colegios de Trabajo Social de las dos provincias advierten de que hay un atasco de 5.000 expedientes pendientes de reconocimiento y 3.000 pendientes de revisión.
“Se está tardando una media de 15 meses en resolver las solicitudes y cuando tú llegas a una prestación es porque careces de los recursos económicos básicos, con lo cual entendemos que una persona no puede estar a la espera de una prestación de este tipo tanto tiempo”, explica Dolores Fabelo, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas. Desde este colegio junto al de Tenerife se alertó en un comunicado conjunto del “colapso” en la Renta Canaria de Ciudadanía y de que se están “vulnerando los derechos de miles de ciudadanos canarios que dependen de esta renta para subsistir”.
La directora general de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, Elisabet Santana, explica a este periódico que el número de beneficiarios se ha mantenido más o menos estable porque en el procedimiento no sólo se encuentra la parte del reconocimiento del derecho sino que también se revisa. Indica que la mayoría son solicitantes también del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que, en estos casos, la renta pasa a tener un carácter complementario. Sí añade que aunque el número de beneficiarios siempre oscila en torno a los 13.000, la gran mejora que ha incorporado la renta canaria es la cuantía.
Santana remarca que cada vez que se produce un cambio en el procedimiento o normativa se necesita de un tiempo de adaptación y que a la antigua PCI también le ocurrió esto al principio. La directora incide en que cuando su equipo llegó al Gobierno había “4.000 expedientes que no habían sido tramitados” y a ello le suma que en la PCI había “una gestión compartida entre ayuntamientos y la dirección general”, pero ahora la renta pasa a tramitarla directamente la Dirección General de Servicios Sociales. “El atasco se produjo con el cambio, con la migración”, en la que se cuenta con un nuevo aplicativo, menos personal y se “absorbe todo lo que quedó pendiente de la anterior prestación”.
“Ningún equipo ha querido que esto ocurra”, insiste Santana en referencia al colapso y añade que se está intentando solucionar el problema “por todas las vías posibles”: incrementando el personal (afirma que se han incorporado 20 personas al servicio), mejorando el aplicativo y automatizando procesos. Según defiende, se ha pasado de realizar 128 tramitaciones al mes a 370.
Los complementos de la renta que no arrancan
Una de las principales carencias de la actual renta es que no se han puesto en marcha los complementos que vienen recogidos en esta ley que forma parte del Estatuto de Autonomía. Cuando se aprobó, se anunció que contaría con complementos a las pensiones no contributivas, a la vivienda y a la educación. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, llegó a pedir hace unos meses “congestionar” el Ingreso Mínimo Vital para poner en marcha esos complementos y recientemente ha dicho que si el IMV beneficiara a más personas, su Consejería podría dedicar el presupuesto a los complementos.
La directora general de Servicios Sociales, por su parte, aclara que “no es una cuestión de presupuesto” y que en el caso del complemento a las pensiones no contributivas “nos tropezamos con la norma” que depende del Ministerio. “Hemos pedido de manera reiterada la modificación de esa normativa, de manera que el complemento que vamos a dar desde la renta a los pensionistas no compute como ingreso de esa unidad de convivencia, porque si computa, se pondría en riesgo la prestación de esos pensionistas”, aclara. “El Ministerio es consciente de que tienen que mejorarla y están en ello. Estamos trabajando mucho y en coordinación con el Ministerio pidiéndole esos cambios de manera inmediata o por lo menos hacer esas excepciones. Lo que no queremos es perjudicar a nadie en ningún caso”, afirma.
El objetivo de la Consejería, sostiene, es dar de oficio ese complemento a todas las pensiones no contributivas. “En Canarias tenemos 43.000 pensionistas no contributivos entre pensión e invalidez”, agrega. Así mismo, insiste en que tiene buena sintonía con el Ministerio y que ya se aprobó una moción en este sentido. Sobre el complemento a la vivienda y a la educación afirma que se encuentran en vías de “desarrollo reglamentario”. “No es un tema presupuestario ni mucho menos, hay que desarrollar un reglamento”, insiste.
El vicepresidente de EAPN Canarias, Fernando Rodríguez, destaca como aspecto positivo que esta comunidad no eliminara su renta mínima una vez llegó el IMV como ocurrió en otras comunidades, que recortaron partidas. No obstante, incide en que faltan por desarrollar esos complementos que son fundamentales. “Sin duda el complemento de la vivienda podría ayudar muchísimo a evitar pérdidas de vivienda, o incluso poder acceder a vivienda asequible”, afirma. Recuerda que Canarias está a la cabeza en pobreza infantil, por lo que es clave ese complemento a la educación, que venía a complementar a esos hogares con menores a cargo y en especial los hogares monomarentales.
La importancia de las rentas mínimas
La presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas remarca que la Renta Canaria de Ciudadanía es “una prestación subjetiva establecida por la Ley de Servicios Sociales de Canarias, donde se intenta dotar a todos los canarios de un ingreso mínimo que le dé cobertura a sus necesidades básicas, indistintamente de si está por encima o por debajo del umbral de pobreza. Sabemos que para vivir necesitas un mínimo de ingresos, que si no se tiene se corre el riesgo de llegar a la situación de exclusión”, apunta.
Dolores Fabelo destaca que hay varias medidas que se pueden tomar para que el sistema sea más ágil. En primer lugar, más dotación de recursos humanos. “Somos conscientes de que desde la Dirección General se está poniendo todo de su parte, pero necesitamos que se ponga sobre la mesa que el capítulo uno es importante valorarlo, que la dotación de recursos humanos es la vía necesaria”. Así mismo, cree que habría que establecer una coordinación efectiva con los recursos comunitarios o servicios sociales municipales. No obstante, advierte de que sin partidas presupuestarias no se pueden delegar competencias.
El vicepresidente de EAPN Canarias defiende que desde esta red llevan años apostando por un sistema de rentas mínimas. La Renta Canaria de Ciudadanía ya “está legislada y forma parte del articulado de la Ley de Servicios Sociales, de nuestro Estatuto de Autonomía”, pero apunta que “no se ha terminado de darle ese derecho subjetivo”, es decir, que “por el mero hecho de ser persona deberíamos tener ya unos ingresos mínimos para poder tener una vida y eso es quizás donde la Renta Canaria de Ciudadanía nace con ese objetivo pero no lo ha llegado realmente a alcanzar”.
Rodríguez cree que este es el principal problema que se está atravesando, pues al convertirse en prestación se traspasó la nómina de la PCI a esta renta, pero se ha quedado ahí. Señala que, tal y como advierten los colegios de Trabajo Social, las nuevas solicitudes se están demorando y pueden estar influyendo varias cuestiones. “La primera es la falta de agilidad de la administración pública en general. Lo venimos observando en todo: datos de dependencia, de acceso a la vivienda … si analizas determinados procedimientos administrativos, todos se alargan mucho en el tiempo, falta músculo administrativo, falta personal”. También menciona la brecha digital, que está dejando a muchas personas atrás. Y añade una tercera variable: la falta de información.
El desconocimiento sobre la Renta Canaria
Rodríguez incide en que no se difunde mucho que existe esta Renta Canaria de Ciudadanía y la documentación o los requisitos que se deben presentar. También reivindica la necesidad de acompañamiento, asesoramiento, “que quizás desde la propia administración pública podría ser muy interesante para conseguir que estas personas se acerquen a estas prestaciones o rentas mínimas”. Cuando hablamos de rentas mínimas, recuerda que siempre se vienen a la cabeza las personas más vulnerables, con bajos ingresos, pero recuerda que la renta canaria cuando nace lo hace también para complementar los salarios más bajos de los trabajadores. Subraya que entre las dificultades para solicitar el IMV, por ejemplo, aparecían además de cuestiones como la falta de información o la brecha digital, el hecho de que las personas no se identifican como beneficiarias, es decir, se autoexcluyen porque creen que no se lo van a conceder.