La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas, respaldó este miércoles, en la Conferencia Sectorial sobre la Ley de Dependencia, la propuesta de la ministra Mercedes Cabrera de llevar a cabo a partir del mes de septiembre “una reflexión” sobre la aplicación de la norma, al tiempo que subrayó su financiación “insuficiente”.
En este sentido, destacó que pese a que los beneficiarios de la ley van a recibir próximamente unos 800 euros para pagar el servicio de las plazas que hay actualmente en Canarias, en la red pública éstas tienen un costo de 1900 euros y en la privada de 2.500.
El ministerio aprobó este miércoles el reparto de los fondos que, con cargo al ministerio, corresponderán a cada una de las Comunidades Autónomas, un total de 241 millones de los que 9,1 corresponderán a Canarias.
Rojas expresó en este sentido el “descontento” de Canarias respecto a esa cifra, habida cuenta de que en este ejercicio la Comunidad Autónoma tiene presupuestados 115 millones ypor ese concepto y en el texto de la Ley se dice que el Estado financiaría un 50%.
La consejera llamó asimismo la atención de que el ministerio haya dejado sin repartir 635 millones “que no sabemos en qué va a distribuir” y no descartó que la crisis económica sea una de las causas de dicho recorte..
Posesion de vivienda.
Rojas asimismo señaló que Canarias “no va a aceptar” que la posesión de vivienda se convierta en criterio computable en la determinación de los beneficios de la Ley, ya que se trata de “un derecho fundamental”, y en este sentido también recordó cómo, por la particular idiosincrasia de Canarias, la mayoría de las personas mayores de 65 años residen en viviendas autoconstruidas.