“No tengo claro, sino todo lo contrario, que abordar el tema de los menores en la nueva Ley de Extranjería sea lo más adecuado”, manifestó este jueves la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, cuando los periodistas le preguntaron, durante un desayuno multitudinario en un hotel madrileño, por las demandas del Gobierno de Canarias de que la cuestión sea asumida por el Ejecutivo central como “un tema de Estado”.
Asimismo la secretaria de Estado sugirió que cualquier reforma que afectase a las competencias sobre los menores inmigrantes debería pasar también por la Ley del Menor, algo que queda fuera de su ámbito, al tiempo que abogó porque en cualquier caso la cuestión se aborde “con prudencia” por tratarse de “un tema muy complejo y delicado”.
Durante su comparecencia en la conferencia-coloquio que impartió en el Foro Nueva Economía para explicar las líneas maestras de la reforma de la Ley de Extranjería, Rumí también recalcó que “no ha habido ningún Gobierno” que haya sido con el Ejecutivo regional no sólo “más solidario”, sino “que haya incentivado más una situacíón de corresponsabilidad, concertación y cooperación” con las restantes autonomías respecto a la atención a los menores.
En este sentido, y tras admitir que a las costas canarias llega un numero “importante” de menores inmigrantes no acompañados, se refirió a la reciente transferencia de 19 millones de euros a la Comunidad Autónoma y la firma de un Convenio entre ambas administraciones para todo lo relativo a los traslados a otras autonomías.
“El Gobierno de España está ahí”, señaló dando a entender que con dichas actuaciones el Ejecutivo central no se desentiende del asunto aunque las competencias sobre la política de menores -incluidos los inmigrantes- correspondan a las autonomías.
“Ningún Gobierno ha trabajado como éste en la prevención, la protección y el retorno de los menores inmigrantes”, insistió tras mencionar los acuerdos que al respecto se han adoptado con países como Riumania, Senegal y Marruecos y tras subrayar que con el país magrebí las llegadas de menores inmigrantes han descendido en 2008 un 80%.
Mercado laboral
En su intervención, Rumí destacó que con la reforma de la Ley de Extranjería el Gobierno apuesta “por el orden y la legalidad”, así como por “la integración y la convivencia” y por establecer “una capacidad de acogida de acuerdo con las necesidades de nuestro mercado laboral”.
La secretaría de Estado mostró su deseo de que la nueva Ley pueda estar aprobada antes del verano y, tras considerar que no debe ser objeto de “polarización política”, indicó que debe constituir “una oportunidad para el acuerdo” entre los agentes sociales y las fuerzas políticas.
En cuanto a algunos de sus aspectos concretos, subrayó que se pretende “aumentar la capacidad de lucha” contra la irregularidad sin “menoscabar” los derechos fundamentales mediante medidas como la creación de un registro de entradas y salidas en los aeropuertos, un mayor prevención frente a los matrimonios de conveniencia o el falseamiento de datos en los empadronamientos o el incremento de sanciones.
Incremento en 20 días
Rumí lamentó que el incremento en veinte días del plazo máximo de internamiento en los centros de retención -que actualmente está fijado en 40- haya sido interpretado por algunas ONG como una aplicación en España de la polémica directiva de retorno de la UE por la que los estados miembros podrían en algún caso llevar este plazo hasta los 18 meses.
Asimismo, al ser interpelada por las condiciones en que se encuentran los inmigrantes en algunos centros concretos, como el de la madrileña avenida de los Poblados, señaló que “todo es mejorable”, si bien respecto de algún otro, como el existente en la terminal de Barajas, aseguró que “la situación no es la misma que antes”.